• Comisarios de comunidades de la Montaña exigen que se respete su libre determinación respecto al cuidado de sus recursos naturales
• Los documentos presentados chocan con la Constitución, asegura delegado del RAN
SNI
Representantes de comunidades indígenas ubicadas en la región Montaña presentaron a la delegación del Registro Agrario Nacional (RAN) un estatuto interno con el que buscan defender sus territorios de la explotación minera, lo que dicha dependencia les señaló que no puede tomarse como algo existente, pues carece de validez legal.
Este mércoles, un grupo de comisariados de Bienes Comunales ubicados en los municipios de Malinaltepec, Tlacoapa e Iliatenco, presentaron al delegado del Registro Agrario Nacional (RAN), Roberto Olivares Pita, un documento que pretenden se reconozca como estatuto interno para la protección de su territorio.
Los comisariados de San Miguel del Progreso, Tilapa y Colombia de Guadalupe, municipio de Malinaltepec, aseguran que sus garantías como pueblos originarios han sido “pisoteadas y violentadas” por la dependencia federal, al no considerar la autodeterminación para el reconocimiento de los documentos.
Gelacio Ambricio Santana, integrante de los Bienes Comunales de Tilapa, advirtió que a pesar de la negativa de la dependencia, recurrirán a mecanismos internacionales y a organismos de Derechos Humanos del país, para hacer respetar sus tierras.
Explicó que en el encuentro con el delegado del RAN, el funcionario federal les dijo que los documentos elaborados y presentados para que sean aprobados como sus estatutos internos, violentan la Ley Agraria del país, y por lo que no son improcedentes.
Eesde 2009, los representantes agrarios de La Montaña, constituidos en el Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio, han declarado la zona como “territorio libre de minería”.
Los inconformes insisten en que los ejidos y bienes comunales exigen que sean respetadas sus decisiones de «prohibir todo tipo de despojo y explotación de nuestros bienes naturales».
Lamentaron que las autoridades federales en lugar de acompañar y facilitar el funcionamiento y quehaceres de los núcleos agrarios, solo generen desgaste económico a las y los campesinos «y nos ofendan con su ineptitud, incapacidad e ignorancia del funcionamiento de nuestros usos y costumbres, derechos indígenas y prácticas de cosmovisión que de manera permanente se cruzan con nuestra vida comunitaria y por supuesto con nuestra tierra y territorio».
Desde octubre del 2023, los integrantes del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio en contra de la Minería y de la Reserva de la Biósfera (CRAADET) denunciaron «el inconsistente, deleznable y arbitrario marco de actuación» del Registro Agrario Nacional, la Procuraduría Agraria y el Tribunal Unitario Agrario «por violentar sistemáticamente nuestros derechos agrarios, así como desconocer y quebrantar nuestros derechos afromexicanos, de las y los campesinos», se lee en un comunicado de la organización opositora al establecimiento de mineras en esa zona.
Agrega el documento que con la negativa del registro de las actas y los reglamentos internos o estatutos comunales, «de facto no sólo se facilitan las condiciones para el potencial ingreso de empresas nacionales, extranjeras y transaccionales como empresas mineras y otras relacionadas al modelo extractivo, como desarrolladoras de medicamentos que desean nuestra biodiversidad».
El texto refiere también que lo que el gobierno federal pretende es que los ejidos y bienes comunales sean vistos como pequeños propietarios, y les nieguen el derecho que tienen a realizar actos legales contra terceros, «lo que significa dejarnos en indefensión, al mismo tiempo que nos mandan un mensaje absurdo y racista, cuando están dispuestos a imponerse por encima de los acuerdos de nuestras asambleas».
Agregaron que a pesar de lograr un amparo en julio del 2017, contra la Declaratoria de Libertad de Terrenos, emitido por la Secretaría de Economía federal, para la explotación como zona minera de sus tierras, persiste el temor de se cumpla con el proceso, y sea afectado su territorio.
