5 de febrero: Constitución y realidad: Celestino Cesáreo Guzmán

Telón de fondo

Este 5 de febrero no es sólo una fecha cívica más en el calendario ni un acto protocolario para repetir frases aprendidas. Es el recordatorio de que México se atrevió, en 1917, a convertir una revolución social en ley. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nació para poner límites al poder y para garantizar derechos que en su momento fueron profundamente transformadores: educación pública, reparto de la tierra y trabajo digno.

Fue una apuesta por un Estado con responsabilidad social y con reglas claras frente al abuso.

Hoy, más de un siglo después, la comparación con la realidad actual es inevitable. Tenemos una Constitución extensa, reformada decenas de veces, con más derechos reconocidos que nunca. En el papel, casi todo está garantizado.

En la práctica, no siempre. El problema ya no es escribir nuevos derechos, sino hacer que los existentes se cumplan de verdad y se sientan en la vida cotidiana de la gente.

El ejemplo más claro está en el derecho a la salud. La Constitución lo reconoce, pero en muchas comunidades de Guerrero acudir a un centro de salud sigue significando largas filas, falta de médicos o ausencia de medicamentos.

Otro caso es el derecho al trabajo digno: millones de personas sobreviven en la informalidad, sin seguridad social ni pensión, a pesar de que la ley dice lo contrario. Ahí es donde se rompe el pacto constitucional: cuando la norma no alcanza a la realidad.

En 1917, la prioridad era frenar al caudillo, limitar el poder absoluto y construir instituciones que respondieran al interés colectivo. En el México de hoy, el debate constitucional gira en torno a la concentración del poder, al papel real de las instituciones autónomas y a la eficacia de los contrapesos.

No se trata de estar en contra del gobierno por sistema, sino de recordar que toda democracia sana necesita equilibrios, vigilancia y rendición de cuentas.

La Constitución sigue siendo el campo donde se disputa el rumbo del país. Cada reforma, cada interpretación, cada decisión política deja huella en ese pacto común.

Por eso es legítimo preguntarnos si los cambios fortalecen los derechos de la ciudadanía o si responden más a coyunturas políticas que a una visión de largo plazo.

En estados como Guerrero, esta reflexión es todavía más urgente. La Constitución promete igualdad, pero la desigualdad territorial persiste. Promete justicia, pero el acceso a ella sigue siendo lento y desigual.

Promete desarrollo, pero muchas comunidades continúan esperando servicios básicos. No es un problema de ausencia de leyes, sino de voluntad y capacidad para cumplirlas.

Por eso, conmemorar el 5 de febrero no debería reducirse a un acto ceremonial. Debería ser un ejercicio de conciencia y evaluación: preguntarnos si la Constitución sigue siendo un pacto para proteger a los más débiles o si corre el riesgo de convertirse sólo en un documento político al servicio del momento. Defender la Constitución no es inmovilismo, es exigir que cada cambio tenga como centro a la gente.

El mensaje es claro: la Constitución vive sólo si se respeta, se cumple y se defiende.

Y el mejor homenaje al 5 de febrero no es el discurso ni la foto oficial, sino lograr que la ley suprema vuelva a sentirse en la vida diaria de las y los mexicanos, especialmente de quienes menos tienen. Ahí es donde la Constitución deja de ser papel y se convierte en justicia.

El telón de fondo

El 26 de enero de 1865, el presidente Benito Juárez, mediante una carta, le responde a Matías Romero, su embajador en Estados Unidos, quien recibía fuertes presiones para que México entregara Sonora y Chihuahua a cambio de apoyo en la guerra contra Francia.

“Que el enemigo nos venza y nos robe, si tal es nuestro destino; pero nosotros no debemos legalizar ese atentado, entregándole voluntariamente lo que nos exige por la fuerza. Si Francia, los Estados Unidos o cualquier otra nación se apodera de algún punto de nuestro territorio y, por nuestra debilidad, no podemos arrojarlo de él, dejemos vivo nuestro derecho para que las generaciones que nos sucedan lo recobren. Malo sería dejarnos desarmar por una fuerza superior, pero sería pésimo desarmar a nuestros hijos, privándolos de un buen derecho, que más valientes, más patriotas y sufridos que nosotros lo harían valer y sabrían reivindicarlo algún día”.

En estos tiempos, con nuevas formas, dijera el clásico: aplica, aplica.