Grave escalada de violencia en la sierra entre Costa Grande y Tierra Caliente: nueve militares heridos y tres civiles muertos

Chilpancingo, Guerrero, 5 de junio de 2025. La región serrana que une los municipios de Coyuca de Catalán y Zihuatanejo, entre la Costa Grande y la Tierra Caliente de Guerrero, vive una nueva jornada de violencia extrema.
Este jueves, el subsecretario de Desarrollo Político y Social del gobierno estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, confirmó dos ataques armados registrados el día anterior, que dejaron tres civiles muertos, un comisario herido y nueve elementos de la Guardia Nacional lesionados.

Uno de los hechos ocurrió en la comunidad calentana de Zihuaquio, donde tres hombres perdieron la vida y el comisario municipal resultó herido. El segundo episodio se registró en Vallecitos, Zihuatanejo, cuando pobladores pidieron auxilio a elementos de la Guardia Nacional, quienes fueron emboscados por civiles armados.

Inicialmente se reportó que sólo dos de los nueve elementos heridos de la GN presentaban lesiones graves. No obstante, fuentes de seguridad consultadas han indicado que la situación en la zona es crítica debido al control territorial que se disputan células de La Familia Michoacana y del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Rodríguez Cisneros detalló que, ante la gravedad de los hechos, se desplegaron seis Bases de Operaciones Mixtas desde las 7:30 de la noche de ayer, con elementos de la Policía Estatal, Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional.

La región ha sido escenario de hechos violentos recurrentes. Apenas el pasado 23 de mayo, una patrulla de la Policía Estatal fue atacada en la comunidad de El Durazno, en el mismo corredor, dejando dos agentes muertos. Días antes, en Cerro Verde, se reportó la desaparición de cuatro jóvenes tras ser interceptados por un grupo armado. En total, tan solo en mayo se contabilizaron 19 asesinatos en la zona serrana entre Petatlán, Coyuca de Catalán y Zihuatanejo, según reportes de la Fiscalía General del Estado.

Pobladores viven con temor constante y denuncian desplazamientos forzados, cobro de piso, y amenazas por parte de ambos grupos delictivos. La situación ha escalado a tal punto que escuelas y clínicas han cerrado operaciones en varias comunidades, mientras las autoridades insisten en que los operativos continuarán.

El gobierno estatal reconoció que hay una fractura entre los grupos criminales que históricamente controlaban el área, lo que ha derivado en una disputa sangrienta en medio de poblaciones indefensas, muchas de ellas incomunicadas y sin presencia constante de fuerzas federales.