Ayuntamiento de Chilpancingo denuncia que un grupo delictivo exige el pago de 33 millones de pesos

•          Vía comunicado, informa que el pago se exige a través de la Dirección de Obras Públicas, cuyo titular fue acusado de tener vínculos con Los Ardillos

•          Las mantas colocadas esta mañana contienen acusaciones falsas, dice la administración municipal y advierte que no cederá ante las presiones

•          Pide el respaldo del Estado y la Federación, para evitar situaciones de riesgo para la población  

SNI

El Ayuntamiento de Chilpancingo denunció que un grupo criminal intenta obtener 33 millones de pesos a manera de extorsión, lo que se evidenció con la colocación de mantas en diferentes puntos de la ciudad, en las que se acusa al director de Obras Públicas, Juan Antonio Luquín Mendoza de tener vínculos con “Los Ardillos” y de exigir el 20 porciento en “moches” a cada empresa que se le asignan trabajos de construcción.    

A pocas horas de que fueran colocadas seis lonas con señalamientos hacia Juan Antonio Luquín Mendoza, director de Obras Públicas, el Gobierno Municipal emitió un comunicado en el que sostiene que las acusaciones son falsas e informa sobre la cantidad que una organización delictiva exige, sin hacer una denominación concreta.

El comunicado establece que son 33 millones de pesos los que se demandan para permitir que la dependencia pueda trabajar.

En el documento se señala que el director Luquín Mendoza ha recibido llamadas anónimas en las que se le exige el pago de 33 millones de pesos, cifra que según autoridades representa un intento directo por someter a la administración, lo que también implica legitimar el “cobro de piso” en la capital guerrerense.

“El objetivo es claro: cooptar funciones del Ayuntamiento y utilizarlo como plataforma para extender la extorsión que desde hace años amenaza la paz, el trabajo y el sustento de las familias chilpancingueñas”, se plantea.

Durante la mañana de este martes, aparecieron lonas en al menos seis puntos de la ciudad, en las que se acusa al funcionario de favorecer a ciertas empresas en la asignación de obras y de presuntamente recibir el 20 por ciento del valor de cada contrato. El Ayuntamiento rechazó dichas versiones y calificó las acusaciones como “infundadas y orquestadas para sembrar desinformación y miedo”.

La administración que encabeza el alcalde Gustavo Alarcón Herrera sostuvo que “no se pagará un solo peso” y advirtió que “el gobierno municipal se mantendrá como un muro de contención frente a quienes intenten usar las instituciones para intereses criminales”.

El municipio informó que ya se presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR), para que los actos de presión sean investigados.

También solicitó el respaldo del Gobierno Federal, del Gobierno del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, para reforzar la vigilancia en Chilpancingo y con ello evitar actos de violencia que perjudiquen a la sociedad.

Esta es la primera ocasión en que el Ayuntamiento de Chilpancingo denuncia que es objeto de un intento de extorsión por parte de un grupo criminal, aunque durante varios años ha sido pública la pugna territorial entre Tlacos y Ardillos.

Las presiones hacia la administración local se intensificaron desde la semana pasada, cuando civiles armados incendiaron dos retroexcavadoras, aunque una de ellas era particular.

La tensión se intensificó el lunes, con el atentado fallido en contra de un agente de Tránsito y se recrudeció este martes, con la colocación de las lonas en diferentes puntos del sur y norte de la capital.