Buscadores de justicia sufren criminalización, asegura Tlachinollan en informe de Amnistía Internacional

• El antropólogo Abel Barrera Hernández advierte que en Guerrero persisten la contrainsurgencia y el abandono institucional

SNI

En el marco de la presentación del informe denominado “Desaparecer otra vez” de Amnistía Internacional, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM), Abel Barrera Hernández denunció que en Guerrero se criminaliza a quienes buscan justicia, además, dijo que los colectivos enfrentan solas el asedio de la delincuencia, ante la omisión de las autoridades.

Barrera Hernández recordó que en Guerrero existe una historia de violencia estructural que se remonta a la Guerra Sucia de los años setenta, cuando más de 600 personas fueron desaparecidas por el Ejército Mexicano, en el contexto de una política de contrainsurgencia promovida desde la Presidencia de la República.

“Esa política no se ha erradicado”, advirtió, luego sostuvo que el Ejército ha sido reciclado como el principal actor de seguridad pública, desplazando a las instituciones civiles, sin que se haya hecho justicia por los crímenes del pasado.

Lamentó que el movimiento de víctimas siga siendo visto como “una amenaza” por parte del gobierno, pues eso indica que a quienes exigen justicia se les sigue estigmatizando, diciendo que tienen otra agenda y con eso se les criminaliza, margina y lo más grave; se les deja solas.

En el auditorio de rectoría de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Barrera criticó la “simulación institucional” que prevalece actualmente, ya que las fiscalías no investigan, niegan acceso a expedientes, omiten búsquedas inmediatas y postergan cualquier avance real. “No hay titular en la Secretaría General de Gobierno, la encargada no tiene facultades y la Comisión Estatal de Atención a Víctimas está subordinada a una Secretaría que no le interesa el tema”, aseguró.

El defensor señaló que las colectivas de mujeres buscadoras operan en condiciones precarias, divididas y sin apoyo real, atrapadas entre la violencia del Estado y la de los grupos del crimen organizado. 

“Donde hay colectivos, también hay presencia criminal”, dijo.

Aseguró además que en zonas como Tierra Caliente, ya no hay gobierno, las instituciones están supeditadas al poder del crimen.

Acapulco, Chilpancingo, Taxco, Iguala y Tlapa fueron mencionadas por Barrera como territorios donde las autoridades han perdido el control institucional. 

“La vida pública está carcomida por la porosidad institucional, no te enfrentas a la autoridad, te enfrentas a la delincuencia y eso es muy grave”, advirtió.

Pese a ese escenario adverso, subrayó que las madres y colectivas siguen “poniendo el cuerpo, el espíritu y la esperanza para buscar a sus seres queridos. 

“Lo que no ha hecho el Estado, lo han hecho las madres buscadoras. Lo que no han hecho las instituciones, lo han hecho las que dieron vida”, insistió.

También reclamó la falta de voluntad legislativa en Guerrero, donde el Congreso local sigue sin aprobar una ley estatal sobre desaparición de personas.