Alcalde de Chilpancingo despide a 16 trabajadores

–Contradicciones: el costo de la intransigencia en Chilpancingo

El gobierno municipal de Chilpancingo, encabezado por Gustavo Alarcón Herrera, decidió despedir a 16 trabajadores pertenecientes al Sindicato Autónomo y Democrático de Trabajadores del Ayuntamiento (SADTACH), después de mantener tomado el Palacio Municipal durante nueve días. La medida, que se presenta como “apego a la ley”, ha generado cuestionamientos por la forma contradictoria y punitiva en que se manejó el conflicto.

El propio alcalde reconoció que los trabajadores habían alcanzado acuerdos con el gobierno estatal, compromisos que incluían garantizar salarios, pagar el bono del Día del Servidor Público y, sobre todo, evitar despidos y represalias. Sin embargo, apenas horas después, Alarcón Herrera contradijo lo pactado y justificó los ceses con el argumento de que el movimiento sindical era “ilegal” y que las afectaciones a la ciudad requerían sanciones ejemplares.

Más allá de las formalidades legales, lo que queda en evidencia es la incapacidad política del alcalde para procesar un conflicto laboral por la vía del diálogo y el entendimiento. Mientras el gobierno estatal buscó distender la situación, el presidente municipal prefirió endurecer su postura, incluso con la amenaza de demandas penales contra quienes protestaron.

El trasfondo político no es menor. El SADTACH ha sido relacionado con la exalcaldesa Norma Otilia Hernández, a quienes Alarcón Herrera ha querido borrar de cualquier rastro en el palacio municipal, incluso desalojando al sindicato de las oficinas que ella les asignó. Esta revancha política parece haber pesado más que el respeto a los acuerdos y a los derechos laborales.

Con esta decisión, el alcalde no sólo enfrenta a un sindicato, sino que también manda un mensaje de cerrazón a toda la base trabajadora del Ayuntamiento. Los problemas de Chilpancingo —la inseguridad, la falta de servicios, el rezago en infraestructura— quedan nuevamente relegados mientras la autoridad se enfrasca en pleitos con los trabajadores.

En lugar de mostrarse como un líder capaz de conciliar y resolver, Gustavo Alarcón Herrera proyecta una imagen de debilidad política y autoritarismo administrativo que puede terminar por costarle más caro que el conflicto mismo.