El eco que regresa: Ayotzinapa

En México, hay heridas que no cicatrizan porque nunca se les ha permitido cerrar. Ayotzinapa es una de ellas. Cada tanto, cuando el caso parece perder fuerza mediática o quedar atrapado en el pantano institucional, aparece un nuevo dato que obliga a reabrir el expediente moral del país. Esta vez, ese golpe vino de dos detenciones que, en cualquier otra circunstancia, parecerían menores: un padre y su hijo, dueños de dos funerarias de Iguala.

Pero en este caso nada es menor. Estas capturas han reactivado una de las líneas de investigación más inquietantes, más antiguas y, paradójicamente, más abandonadas por las autoridades: la posibilidad de que algunos de los 43 normalistas fueran llevados a funerarias de Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014, manipulados ahí y posteriormente desaparecidos.

No se trata de rumores ni de fantasías conspirativas. Es una hipótesis que surgió desde el primer momento a partir de testimonios, movimientos inusuales, bitácoras alteradas y reportes no investigados. Una línea que incomodaba porque implicaba logística, infraestructura privada y complicidad directa entre actores criminales y ciertos sectores locales. Una línea que, por esas mismas razones, terminó siendo silenciada.

Hoy, esa verdad incómoda vuelve a la superficie.

La detención de estos propietarios —padre e hijo— no solo es simbólica: es estratégica. Según los primeros reportes judiciales, ambos están vinculados con presuntos acuerdos que existían entre sus establecimientos y el grupo criminal que controlaba Iguala en 2014. Las funerarias, por definición, ofrecen dos cosas que cualquier organización criminal valora: discreción y acceso a espacios donde la muerte no levanta sospechas.

Que esta línea se reabra, de forma tan directa, confirma lo que muchos investigadores independientes y organizaciones civiles señalaron desde los primeros meses: la verdad histórica nunca tuvo la intención de responder cómo desaparecieron los estudiantes, sino de cerrar el caso lo más rápido posible.

Ayotzinapa no solo fue un crimen de Estado: fue un caos administrado. Se manipularon pruebas, se suprimieron rutas de investigación, se fabricó una narrativa que se sostuvo más por voluntad política que por evidencia. Muchas de las pistas más inquietantes —como las funerarias— fueron descartadas sin una sola pericial seria.

El regreso de esta línea deja ver algo más grave: que hubo información que las autoridades sí tuvieron pero que, por razones políticas, institucionales o personales, decidieron congelar.

Para las madres y padres de los 43, esta noticia no es un alivio. Es una confirmación dolorosa: si hoy se detiene a los dueños de funerarias, si hoy se investiga lo que siempre estuvo ahí, significa que durante años se les negó la verdad. Que se les mintió para sostener un relato que no resistía la más mínima prueba.

Y ahora que el eco regresa desde las funerarias de Iguala, México tiene una decisión que tomar: seguir administrando el caos o enfrentar, de una vez por todas, la verdad que tantos intentaron enterrar.