La visita de Sheinbaum 

La reciente gira de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por Guerrero, con visitas a Acapulco, Coyuca de Benítez y Petatlán, abrió un debate inevitable: ¿qué mensaje envía la jefa del Estado cuando, tras un sismo de 6.5 grados, decide no acudir a los municipios directamente golpeados, en especial San Marcos, epicentro del movimiento telúrico?

En política, las ausencias también comunican. La visita presidencial tiene un peso simbólico que va más allá de la agenda formal; es una señal de solidaridad, empatía y prioridad institucional. En contextos de emergencia, la presencia física del Ejecutivo no sustituye la acción técnica —censos, dictámenes, apoyos—, pero sí acompaña, reconoce el dolor y refrenda que el Estado está ahí, de frente y sin intermediarios.

Es cierto que el Gobierno Federal activó el censo de personas afectadas, un paso necesario para dimensionar daños y ordenar los apoyos. Sin embargo, en los hechos, ese proceso ha dejado en segundo plano la atención inmediata a las familias cuyas viviendas resultaron dañadas, así como a actividades productivas básicas que sostienen la economía local, como los hornos artesanales de producción de pan, particularmente en municipios de la Costa Chica. Para muchas comunidades, estos hornos no son un oficio menor: son sustento diario, identidad y cohesión social.

La decisión de concentrar la gira presidencial en municipios estratégicos puede explicarse desde la lógica de la reconstrucción y la continuidad de proyectos federales, especialmente en Acapulco. Gobernar también implica sostener planes de largo plazo y no paralizar al país ante cada contingencia. No obstante, cuando el impacto es humano —miedo, casas cuarteadas, economías familiares detenidas—, la balanza simbólica se inclina inevitablemente hacia la empatía visible.

La imagen más reveladora fue la del alcalde de San Marcos, obligado a entregar un oficio de solicitud de auxilio directamente a la presidenta, en busca de atención para su municipio. No se trata de un gesto protocolario menor, sino de una señal política clara: los gobiernos locales de las zonas afectadas sienten que deben tocar la puerta de manera extraordinaria para ser escuchados. Esa escena resume la distancia entre la urgencia social y la narrativa oficial de normalidad.

Desde la responsabilidad institucional, lo políticamente correcto —y estratégicamente más sólido— habría sido convocar a una reunión de trabajo con los alcaldes de los municipios afectados, que suman más de una veintena en distintas regiones del estado. Un encuentro de coordinación en San Marcos o en un punto cercano a la zona del desastre habría enviado un mensaje contundente: el Estado reconoce la magnitud del daño, escucha a sus autoridades locales y articula una respuesta conjunta e inmediata.

No ir a San Marcos no significa abandono formal, pero sí deja un vacío narrativo que otros llenan. En una sociedad hiperconectada, la imagen de la presidenta recorriendo comunidades dañadas, escuchando a las familias y dando instrucciones en sitio tiene un valor que ningún comunicado reemplaza. La autoridad se ejerce con decisiones, pero se legitima con cercanía.

La responsabilidad institucional de la jefa del Estado exige equilibrar gobierno y humanidad. En emergencias, la técnica manda; en la política, el símbolo importa. Guerrero —históricamente vulnerable y recurrentemente golpeado— demanda ambas cosas al mismo tiempo. La lección es clara: cuando la tierra tiembla, el Estado no solo debe actuar; debe sentirse, verse y escucharse donde más duele.