La Corte protege a Abelina, pero la sociedad juzga

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha otorgado a Abelina López Rodríguez algo que, en política, suele confundirse con fortaleza: tiempo. La suspensión concedida en las controversias constitucionales relacionadas con el manejo de casi 900 millones de pesos de recursos federales frena —por ahora— un proceso de auditoría y cualquier intento de revocación de mandato. En el plano jurídico, la alcaldesa de Acapulco ha ganado una batalla clave. En el plano político, sin embargo, el fallo dice mucho menos de lo que aparenta.

La resolución no exonera, no absuelve y no valida el fondo del manejo de los recursos. Simplemente suspende. Congela el conflicto. Lo traslada a un terreno técnico donde el tiempo juega a favor de la estabilidad institucional, pero no necesariamente de la credibilidad pública. Y es ahí donde emerge la paradoja: mientras la Corte protege, la sociedad observa; mientras el expediente se detiene, la narrativa sigue su curso.

Para una figura con aspiraciones estatales, el blindaje judicial es un arma de doble filo. Evita un desgaste inmediato, sí, pero deja intacta —e incluso amplifica— la sospecha. Gobernar Guerrero no es solo sobrevivir a los embates legales; es demostrar liderazgo, solvencia moral y capacidad de rendición de cuentas en uno de los estados más complejos del país. La suspensión no construye confianza. Apenas evita el colapso.

Acapulco, además, no es un municipio cualquiera. Es vitrina nacional, termómetro político y escenario permanente de crisis: violencia, reconstrucción inconclusa, servicios precarios y un tejido social fracturado. En ese contexto, cualquier percepción de opacidad pesa más. No porque lo diga la oposición, sino porque lo exige la ciudadanía. El problema no es la legalidad del acto, sino la legitimidad del ejercicio del poder.

En la lógica interna de Morena, donde la ventaja electoral parece asegurada pero la competencia real ocurre dentro del propio movimiento, estos episodios no pasan inadvertidos. Las aspiraciones no se miden solo en encuestas, sino en trayectorias limpias, resultados verificables y capacidad de resistir el escrutinio sin refugiarse en tecnicismos jurídicos. El resguardo judicial no suma capital político; a veces lo congela, otras lo erosiona.

La Corte ha hecho lo que le corresponde: garantizar el debido proceso. La política, en cambio, no concede suspensiones. Ahí no hay tiempos muertos ni blindajes indefinidos. La pregunta de fondo no es si Abelina López puede continuar en el cargo, sino si puede convertir este respiro legal en una narrativa de gobierno creíble y en resultados que convenzan más allá del expediente.

Porque en Guerrero —y en Acapulco con mayor razón— el poder no se consolida en los tribunales, sino en la calle, en la confianza y en la coherencia entre lo que se promete y lo que se gobierna. Y en esa arena, la Corte no vota. La ciudadanía sí.