La dignidad del cargo legislativo no es un espectáculo

Andrés Aguirre Anica

Las primeras elecciones federales en México se celebraron en 1824, resultando electo Guadalupe Victoria, quien se convirtió en el primer presidente de la República. Desde entonces y hasta nuestros días, la nación ha transitado por un largo proceso de lucha para perfeccionar su vida democrática.

En 1910, Francisco I. Madero, conocido como el Apóstol de la Democracia, encabezó la Revolución Mexicana para poner fin a la dictadura de Porfirio Díaz. En 1911 fue electo presidente y, ya como titular del Poder Ejecutivo, impulsó una ley electoral que estableció el voto directo en las elecciones federales. Se pronunció firmemente a favor de la democracia y de la libertad de expresión.

En 1917, Venustiano Carranza, entonces presidente de México, promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformando la Carta Magna de 1857 y marcando el cierre de la etapa armada de la Revolución.

En 1929, el presidente Plutarco Elías Calles, denominado el “Jefe Máximo de la Revolución”, fundó el Partido Nacional Revolucionario (PNR) con el objetivo de transitar de un régimen de caudillos a un gobierno de instituciones. Su lema sintetizaba esa visión: “Ya no se necesitan hombres fuertes, sino instituciones y leyes fuertes”. Así comenzó la construcción del México institucional.

En 1976, José López Portillo ganó la Presidencia en una elección en la que fue candidato único, debido a que el PAN no postuló contendiente. Al año siguiente presentó la reforma electoral que abrió paso a la transición democrática moderna. Su propósito fue otorgar legitimidad a la oposición mediante la representación proporcional, incorporando 100 diputados plurinominales y permitiendo que las minorías tuvieran voz y voto en la Cámara de Diputados.

Como puede observarse, la democracia mexicana ha sido producto de siglos de construcción, de reformas, de tensiones políticas e incluso de sacrificios humanos. Por ello resulta indignante que se trivialice la responsabilidad de portar el cargo de diputado.

Han pasado generaciones enteras consolidando un sistema que aún está en proceso de perfeccionamiento. En ese contexto, resulta preocupante que un legislador haya solicitado licencia para participar en un reality show, enviando un mensaje de banalización hacia el Poder Legislativo y alimentando la percepción de que el cargo puede utilizarse como plataforma de espectáculo.

El sistema legislativo enfrenta un momento crítico en términos de credibilidad. Actitudes como la descrita no contribuyen a fortalecer la confianza ciudadana ni a dignificar la función parlamentaria.

Es necesario que los partidos políticos reflexionen sobre sus mecanismos de selección de candidaturas. No basta con sumar militantes; se requiere formar perfiles con vocación de servicio, compromiso cívico y preparación ética. Ser representante popular implica asumir una responsabilidad histórica frente a la nación.

La política no debe ser terreno de fanatismos ni de improvisaciones. Debe privilegiar la capacidad, la honestidad y la responsabilidad. La designación de candidaturas debe orientarse a elegir a quienes comprendan que el servicio público es un honor, no una plataforma de frivolidad.

Ser diputado no puede convertirse en sinónimo de espectáculo, burla, excesos o protagonismo superficial en redes sociales. El cargo exige seriedad, altura moral y compromiso con la construcción permanente de nuestra democracia.