La reforma electoral

La reforma electoral que propuso la titular del Ejecutivo Claudia Sheinbaum tenía aciertos de fondo y graves yerros también. Naufragó por falta de pacto y de tacto, por el vicio del viejo sistema político de creer que las reglas se cambian para ganar hoy y no para gobernar mañana.

La iniciativa era a modo del grupo dominante: por eso no incluyó la propuesta de Segunda Vuelta Electoeal que se ha discutido durante años, ni las medidas drásticas para cerrar el paso al financiamiento del crimen organizado que hicieron algunos legisladore. Esa es una distinción que no es trivial; es la diferencia entre lo que fue enviado al Congreso y lo que, a mi juicio, merece ser discutido con seriedad en el futuro. Más adelante vale la pena abrir ese debate sin dogmas y sin atajos.

Las reformas exitosas se construyen por acuerdo, no por imposición. Si algo quedó claro con el intento reciente es que, cuando una propuesta se percibe como mero instrumento de corto plazo, la reacción será predictiva: rechazo partidista, litigio y polarización.

México necesita pactos amplios y no oportunistas y sin un propósito común como el que vimos naufragar el pasado miércoles en la Cámara de Diputados. Los grandes pactos no ocurren por arte de magia, ni se deben sostener por puro interés, requieren una mirada responsable de qué tipo de democracia queremos, requier negociación, interlocutores creíbles y, sobre todo, concesiones mutuas. Suena idealista. También suena necesario.

La Segunda Vuelta Presidencial es un mecanismo para aumentar legitimidad. No porque sea panacea —ninguna reforma lo es— sino porque obliga a la construcción de mayorías reales y mitiga victorias por fragmentación.

Cero tolerancia al dinero del crimen es otra discusión urgente. Y no me refiero con ello al linchamientos en tribunales mediáticos. Todos saben o han escuchado en sus regiones, de la interveción, de la intimidación, de las presiones, del involucramiento del crimen organiado en los procesos electorales; y lo peor aún: de crímenes para de candidatos para despejar el camino.

Por eso urgen reglas claras para que ninguna candidatura prospere con recursos ilícitos. Eso exige herramientas forenses, cooperación internacional, mecanismos cautelares con garantías de debido proceso y plazos judiciales expeditos. Si no cerramos ese paso, podemos tener toda la mejora normativa que queramos y, sin embargo, seguir comprando conciencias con impunidad.

También hace falta una efectiva vigilancia ciudadana. La puesta en marcha de una plataforma pública en tiempo real, la prohibición de donaciones anónimas, vetos a aportaciones de empresas con contratos públicos recientes y topes efectivos de gasto. Que la fiscalización tenga dientes técnicos y que las sanciones sean previsibles y automáticas cuando hay violación flagrante. Sencillo en el papel; en la práctica, requiere voluntades de todo tipo.

Defender al INE y al Tribunal Electoral equivaldría a propiciar su real autonomía,  promover la elección pública y rigurosa de consejeros y magistrados, autonomía presupuestal garantizada y fiscalizadores con acceso forense a información financiera.

Una propuesta de la presidenra Sheibaum que lamentablemente naufragó, es la de reducir las prerrogativas a los partidos políticos: reducir sin extinguir pluralidad. Los partidos necesitan recursos, pero no privilegios eternos. Racionalizar financiamiento público —etiquetar fondos, condicionar recursos a transparencia y democracia interna, y premiar el cumplimiento— es compatibilizar eficiencia con pluralidad. No es demoler el sistema; es hacerlo menos suculento para corruptelas y más funcional para la representación.

Proponer la Segunda Vuelta o cerrar el paso al dinero del crimen no es una amenaza ni un arrebato moralista; es poner sobre la mesa cómo hacemos viable una democracia que no se venda por cargos ni por billetes.

Si suena ambicioso, es porque la coyuntura lo exige; si suena exigente, es porque ya hemos sido demasiado condescendientes con la improvisación y la impunidad. Actuemos con sentido de Estado y sin la teatralidad que sólo sirve para atrasar lo que sí se puede acordar.

Lo peor que podría ocurrir en el futuro inmediato, es que se impulsen una serie des reformas en la que todo cambie para que todo sigue igual. Esperamos que el Plan B no se trate de eso.