Urge Bety Vélez licencia de paternidad… pero sin voluntad política ni presupuesto, el exhorto queda corto

Chilpancingo, Gro., 25 de marzo de 2026.-

En tribuna, la diputada Beatriz Vélez Núñez urgió al Congreso de la Unión a concluir la reforma pendiente para ampliar la licencia de paternidad de 5 a 20 días laborales con goce de sueldo —y hasta 30 en casos de complicaciones médicas—, así como a garantizar su aplicación en el sector salud. Sin embargo, más allá del discurso progresista, el planteamiento vuelve a evidenciar una constante en el debate legislativo: buenas intenciones que chocan con la falta de definiciones claras sobre implementación, financiamiento y vigilancia efectiva.

La legisladora no se equivoca al señalar la desigualdad estructural entre hombres y mujeres en materia de licencias parentales. Hoy, mientras las mujeres cuentan con 12 semanas de descanso, los hombres apenas acceden a cinco días, una brecha que refuerza estereotipos de género y carga sobre las mujeres el peso del cuidado. No obstante, el problema no radica únicamente en la norma vigente, sino en la parálisis legislativa federal que mantiene congelada una reforma aprobada desde 2023 en la Cámara de Diputados y respaldada en comisiones del Senado en 2024, pero aún sin dictaminación final ni publicación en el Diario Oficial.

El exhorto también plantea que la Secretaría de Salud estatal y la coordinación del IMSS Bienestar garanticen estas licencias al personal médico. Aquí surge otro punto crítico: se pide aplicar un derecho que aún no está vigente. En los hechos, se trata de un llamado políticamente correcto, pero jurídicamente limitado, que traslada la presión a instituciones locales sin que exista todavía un marco federal obligatorio. Esto abre la puerta a interpretaciones discrecionales y a una implementación desigual.

Más aún, el planteamiento omite uno de los temas centrales: el impacto presupuestal y operativo. En un sistema de salud ya tensionado por déficit de personal, jornadas extendidas y alta demanda de servicios, ampliar licencias sin una estrategia paralela de sustitución laboral podría agravar la sobrecarga en hospitales y clínicas, afectando la atención médica. Es decir, una política laboral justa podría convertirse, mal ejecutada, en un problema de funcionamiento institucional.

Vélez Núñez acierta al vincular la ampliación de licencias con la igualdad sustantiva y el bienestar familiar, pero el exhorto evidencia una práctica recurrente: legislar desde la aspiración sin resolver la viabilidad. El reto no es solo aprobar la reforma, sino diseñar cómo se financiará, cómo se aplicará en sectores críticos como salud y cómo se evitará que quede, como muchas otras iniciativas, en el terreno de lo simbólico.

En un contexto donde el discurso de derechos laborales avanza más rápido que su ejecución, la pregunta de fondo no es si se debe ampliar la licencia de paternidad —eso es indiscutible—, sino si existe la voluntad política y la capacidad institucional para hacerla realidad sin generar nuevas desigualdades o colapsos operativos. De lo contrario, el exhorto será solo otro posicionamiento que reconoce un problema real, pero que aún no ofrece una solución completa.