Confirma el gobierno 20 casas impactadas por la violencia en Tula, insiste en que son 96 los desplazados

•          El subsecretario de Gobierno, Francisco Rodríguez Cisneros encabeza comitiva oficial que va para Alcozacán, donde se encuentran refugiados los expulsados por la violencia

•          Pide que el Ayuntamiento de Chilapa se sume a los trabajos de pacificación

•          Advierte que no se pactará con ningún grupo que opera al margen de la ley      

Interacción

El Gobierno de Guerrero confirmó que hay por lo menos 20 casas impactadas por los ataques de civiles armados en la comunidad de Tula, municipio de Chilapa, en tanto que remarcó el dato de 96 personas desplazadas que actualmente se encuentran refugiadas en Alcozacán, a partir de un censo realizado “persona a persona”.

Vía telefónica, el subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría General de Gobierno, Francisco Rodríguez Cisneros confirmó que se encontraba en tránsito de Chilpancingo hacia la zona afectada por la violencia.

Indicó que el reporte oficial es de 70 familias desplazadas, con un total de 96 personas, no 800 ni mil, como se ha manejado en diferentes medios.

Indicó que el personal del Ejército Mexicano y la Policía del Estado ha entrado a la zona por los accesos de Tlachimalepec, Colotepec y San Jerónimo Palantla, pero indicó la necesidad que al trabajo de pacificación se sume el gobierno municipal de Chilapa de Álvarez, para poder dialogar con los representantes de los pueblos afectados.  

Indicó que el corredor Chilapa-José Joaquín de Herrera (Hueycantenango) se encuentra en conflicto desde hace varios años, pero que esta administración ya había logrado un proceso de pacificación que se prolongó por espacio de dos años.

“Había dos años sin que se dieran situaciones de esa naturaleza, pero también administraciones anteriores de Chilapa tenían la disposición para ir a dialogar con los pueblos, ya se invitó a la alcaldesa para que se presente”, apuntó.

Respecto al dato de las 96 personas desplazadas, dijo que se trata de un censo realizado en Alcozacán, donde se encuentran refugiadas desde la noche del sábado 9 de mayo.

Explicó que el protocolo de atención implica generar condiciones de gobernabilidad en la zona, el acompañamiento de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG) para generar condiciones de retorno seguras.

Recordó que situaciones similares se registraron hace un año en San Jerónimo Palantla, cuando hubo una incursión de la policía comunitaria vecina y se logró reinstalar a los desplazados en un par de días.

Reconoció que en Tula hay indicios de violencia en 20 viviendas, de donde ya las familias se desplazaron y al acudir el personal del Ejército y la Policía confirmaron indicios de violencia.

Hasta el momento, dijo que no se tiene el reporte de personas asesinadas ni desaparecidas.

El funcionario aclaró que van a buscar el dialogo con los representantes de las comunidades, pero aclaró que de ninguna manera se tendrán acercamientos con grupos o personas que operen al margen de la ley.