PRI rechaza que ayuntamientos enfrenten solos crisis de seguridad en Chilapa

—Alejandro Bravo advierte que policías municipales son vulnerables y carecen de capacidad para atender hechos violentos como los registrados en la Montaña Baja

Rosario García Orozco

El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Guerrero y coordinador de los diputados locales de ese partido en el Congreso Local, Alejandro Bravo Abarca, rechazó que los gobiernos municipales deban actuar como primeros respondientes ante hechos de violencia como los ocurridos recientemente en Chilapa, en el entendido de que las corporaciones locales carecen de condiciones para enfrentar ese tipo de crisis.

En conferencia de prensa, recordó que el subsecretario de gobierno, Francisco Rodríguez Cisneros, planteó que las autoridades municipales tendrían que asumir la atención inmediata de los problemas de inseguridad y de apoyo a la ciudadanía.

Bravo Abarca sostuvo que quienes han sido presidentes municipales conocen las limitaciones que enfrentan las policías locales, las cuales calificó como las corporaciones más vulnerables del sistema de seguridad pública.

“Todos quienes hemos sido alcaldes sabemos de lo vulnerable que son las policías municipales; son los cuerpos policiacos peor pagados y peor equipados”, expresó ante medios de comunicación.

Lo anterior, luego de que en declaraciones Rodríguez Cisneros pidió la intervención de la alcaldesa de Chilapa, Mercedes Carballo Chino, para actuar tras los hechos violentos que se han registrado en ese municipio, lo que incluso provocó el desplace de habitantes de varias localidades.

Sobre la situación en la región de la Montaña Baja, Alejandro Bravo reconoció que existe una crisis derivada de los enfrentamientos armados y el desplazamiento forzado de familias, aunque señaló que el problema no se limita únicamente a esa zona del estado, sino que la violencia ha permeado en distintos municipios de la entidad.

El priista manifestó su confianza en que las autoridades federales logren restablecer la seguridad y generar condiciones para el retorno de las familias desplazadas de las comunidades de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán, afectadas por la violencia en los últimos días.