EU retira visas a los gobernadores de Sonora y Tamaulipas; revelan investigación por presuntos vínculos con el crimen organizado

Ciudad de México, 3 de junio de 2026.- La relación entre México y Estados Unidos volvió a colocarse en un terreno de alta sensibilidad política luego de que el diario estadounidense Los Angeles Times revelara que autoridades de ese país investigan a dos gobernadores mexicanos en funciones por presuntos vínculos con organizaciones criminales.

En un reportaje publicado este miércoles, el medio estadounidense señala que los gobernadores Alfonso Durazo Montaño, de Sonora, y Américo Villarreal Anaya, de Tamaulipas, forman parte de una estrategia más amplia del gobierno norteamericano para perseguir a funcionarios públicos que presuntamente habrían mantenido relaciones con grupos del narcotráfico.

La publicación sostiene además que ambos mandatarios estatales habrían sido objeto del retiro de sus visas estadounidenses y que, en fechas recientes, ingresaron a territorio norteamericano bajo mecanismos especiales de autorización.

La información provocó una inmediata reacción de los gobiernos involucrados.
Desde Hermosillo, la directora de Comunicación Social del Gobierno de Sonora, Paloma Terán, rechazó categóricamente las versiones periodísticas y aseguró que Alfonso Durazo conserva vigente su documentación migratoria y no ha recibido notificación alguna sobre investigaciones en su contra.

En Tamaulipas, el coordinador de Comunicación Social, Gerardo Algarín, calificó la publicación como carente de sustento y afirmó que no existe evidencia oficial que respalde los señalamientos difundidos por el periódico estadounidense.

La revelación ocurre apenas semanas después de que fiscales federales de Estados Unidos presentaran acusaciones contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios sinaloenses, en uno de los episodios más delicados de la relación bilateral en materia de seguridad durante los últimos años.

A diferencia de otros momentos de cooperación entre ambos gobiernos, las recientes acciones emprendidas por Washington han sido interpretadas por diversos sectores políticos mexicanos como una escalada de presión sobre actores públicos nacionales, particularmente aquellos vinculados al partido gobernante.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se refirió al caso durante su conferencia matutina y sostuvo que corresponde a los gobernadores aclarar cualquier señalamiento. Sin embargo, cuestionó la forma en que este tipo de información llega a la opinión pública.

“Todos tenemos derecho a la duda y a la presunción de inocencia”, expresó la mandataria, quien en días recientes también ha advertido sobre posibles intentos de injerencia externa en asuntos internos de México.

El caso adquiere relevancia adicional porque involucra a dos de los gobernadores más visibles de Morena. Durazo es considerado uno de los fundadores del movimiento obradorista y una de las figuras con mayor cercanía histórica al expresidente Andrés Manuel López Obrador, mientras que Villarreal gobierna uno de los estados estratégicos en la frontera con Estados Unidos.

La publicación también reaviva el debate sobre el uso del retiro de visas como mecanismo de presión política y diplomática. Desde finales del año pasado, decenas de políticos mexicanos de distintas filiaciones partidistas han enfrentado restricciones migratorias o revisiones especiales por parte de autoridades estadounidenses.

Entre los casos más notorios figuran la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y el exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores.