Congreso actuará con apego a la ley, si el Gobierno de Acapulco pide la remoción del titular de la ASE

•               Hasta el momento no lo han solicitado, pero existe el procedimiento legal, admite el presidente de la JUCOPO, Joaquín Badillo Escamilla

•               El diferendo sobre la fiscalización de los 898.6 millones de pesos del FAISMUN ya fue resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación

•               La discusión es técnica, no política, aclara el también coordinador de Morena

•               Marco César París Peralta Hidalgo actuó con base a un convenio con la ASF, que interpretó que lo facultaba hasta que la SCJN dijo que no          

Interacción

El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso local, Joaquín Badillo Escamilla anticipó que los diputados de Guerrero actuarán de manera objetiva y con la adecuada interpretación de la ley, en caso de que el Gobierno de Acapulco solicite la remoción del titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) Marco César París Peralta Hidalgo, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinara que el órgano de fiscalización local no tiene facultades para revisar los 898.6 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN).

Badillo Escamilla reconoció que la posibilidad de que el municipio porteño solicite el inicio de dicho procedimiento de remoción existe, pero aclaró que se trata de un tema que de darse, tendrá que ser objeto de un profundo análisis al seno del Poder Legislativo de Guerrero.

Hasta el momento, indicó que no se ha recibido ninguna petición que vaya en ese sentido.

Lo que admitió, es que la SCJN, el máximo órgano jurisdiccional que tiene el país, ha determinado en forma muy clara que las competencias de los estados, en relación a la fiscalización de los recursos federales no son compatibles.

“La determinación nos dice que el órgano técnico fiscalizador del Congreso, que es la Auditoría Superior del Estado (ASE) no cuenta con las facultudes para revisar esos recursos, nosotros acatamos las disposiciones de la Suprema Corte porque la interpretación es clara”, indicó el también coordinador del Grupo Parlamentario de Morena.

Badillo Escamilla es también presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de Guerrero, por lo que señaló que la ASE en el ejercicio de su autonomía realizó las acciones encaminadas a ejercer la revisión de los 898.6 millones de pesos del FAISUM, debido a que se contaba con un convenio con la ASF, el cual en su momento, se interpretó que facultaba a la instancia local para realizar la auditoría del FAISMUN.

Sin embargo, tras la resolución del lunes 6 de julio, el diferendo ya quedó dirimido por la SCJN.

Dijo que el Congreso es respetuoso y acata la determinación de la Corte, porque los legisladores locales tienen el compromiso de ser garantes de la correcta interpretación de la ley.

Respecto a la circunstancia que enfrenta el actual titular de la ASE, dijo que hay toda una ruta que siguió y que derivó en la promoción de recursos legales en tribunales locales, se llegó a juzgados de distrito y finalmente escaló hasta llegar a la Suprema Corte.         

Indicó que la vida orgánica del órgano fiscalizador no comienza con el auditor actual y cuidó no entrar en una discusión política del caso, bajo el argumento de que se trata de un tema con un carácter eminentemente técnico.   

“Yo dejo la opinión en la parte técnica de lo que se tiene hasta la fecha”, anotó.

En todo caso, recordó que la ASF ha presentado un programa de trabajo anual, en el que establece que realizará una auditoría forense a los recursos federales destinados para el puerto de Acapulco, lo que implica ir a la revisión total de los 898.6 millones de pesos.

Respecto a la posibilidad de que haya una acción legal del municipio de Acapulco en contra del titular de la ASE, Badillo Escamilla anticipó que actuará con respeto.

Apuntó: “Somos garantes de la correcta interpretación de la ley, si el ayuntamiento (de Acapulco) considera que fueron afectados y solicitan la remoción del cargo por faltas graves o inobservancia, ya seria una decisión del ayuntamiento”.

Aclaró: “Hasta el momento no hemos recibido, si sucede, con madurez y sin ocultar nada, daríamos las interpretaciones consensadas”.

Insistió en manejar el tema desde una perspectiva técnica, pero negó que el caso deje mal parado a Morena como partido, pues al final, lo que demuestra es que en el caso de la revisión por el manejo de los recursos públicos, los órganos de fiscalización no protegen a nadie.