Iñaki Blanco rechaza recomendación de la CNDH sobre el Caso Iguala y acusa sesgo jurídico y metodológico

Ciudad de México, 13 de julio de 2026.–

El exprocurador General de Justicia del Estado de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, rechazó de manera categórica la Recomendación 208VG/2026 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el Caso Iguala, al sostener que el documento presenta «vicios de origen, sesgo metodológico y falta de exhaustividad», por lo que consideró que sus conclusiones carecen de sustento jurídico y probatorio.

En un amplio posicionamiento público, Blanco Cabrera afirmó que la recomendación fue elaborada a partir de un procedimiento irregular, al señalar que la actual administración de la CNDH modificó su Reglamento Interno sin contar con Consejo Consultivo y abrió un nuevo expediente en sustitución del seguimiento de la recomendación emitida en 2018. A su juicio, ello contaminó el análisis y derivó en conclusiones construidas sobre presunciones y valoraciones parciales de la evidencia.

El exfuncionario cuestionó particularmente el uso que la CNDH hace del testimonio del colaborador identificado como «Juan», Gildardo López Astudillo, al considerar que el organismo aplica un criterio selectivo al darle validez cuando señala a autoridades estatales, pero restarle credibilidad cuando sus declaraciones involucran a instancias federales, especialmente al Ejército. Sostuvo que durante su gestión la entonces Procuraduría de Guerrero no encontró elementos que acreditaran una participación activa de las Fuerzas Armadas en los hechos y aseguró que ninguna de las consignaciones realizadas por la fiscalía estatal ha sido anulada por actos de tortura o violaciones a derechos humanos.

Blanco Cabrera también defendió el trabajo pericial realizado por autoridades estatales y federales, así como por el Equipo Argentino de Antropología Forense, al señalar que los estudios científicos descartaron que los restos humanos localizados en fosas de Iguala correspondieran a los 43 estudiantes desaparecidos. Calificó como «absurda, inverosímil e insostenible» la hipótesis de un supuesto intercambio de cuerpos, argumentando que no existe evidencia que la respalde y que las pruebas genéticas imposibilitan una sustitución de identidades.

Asimismo, afirmó que las primeras investigaciones realizadas por la Procuraduría estatal acreditaron la dispersión de los normalistas en distintas rutas, una línea de investigación que, dijo, fue retomada posteriormente en informes oficiales del Estado mexicano y de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ).

En su posicionamiento, el exprocurador acusó a la CNDH de desacreditar los trabajos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la anterior administración del propio organismo y de la CoVAJ, además de formular señalamientos contra el exsubsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, relacionados con el manejo de testigos y pruebas para responsabilizar al Ejército. Consideró que tales afirmaciones carecen de respaldo probatorio y únicamente contribuyen a enturbiar el esclarecimiento del caso y a estigmatizar a diversos actores involucrados.

También defendió la actuación de la entonces Procuraduría estatal respecto a la recuperación y resguardo de los videos del C4 de Iguala, así como las investigaciones iniciadas por la omisión de funcionarios encargados de su entrega formal. Añadió que la CNDH omitió valorar el informe integral y la evidencia documental presentada por la PGJEG, mientras otorgó un peso excesivo a testimonios que, afirmó, han cambiado con el tiempo.

Blanco Cabrera recordó que ha comparecido en seis ocasiones ante la entonces PGR y posteriormente la FGR, además de colaborar con comisiones legislativas y con la CoVAJ. Destacó que una orden de aprehensión girada en su contra fue cancelada por falta de sustento jurídico, lo que, aseguró, demuestra el escrutinio al que ha sido sometido y su disposición permanente para colaborar con el esclarecimiento de los hechos.

El exprocurador también reivindicó las labores de inteligencia desarrolladas por la Fiscalía estatal antes de la desaparición de los normalistas sobre la organización criminal Guerreros Unidos, información que, dijo, fue compartida con diversas instituciones federales y permitió realizar las primeras detenciones, integrar las consignaciones contra 33 implicados, identificar a la célula denominada «Los Bélicos» y obtener pruebas periciales que vincularon armas oficiales y policías municipales con las agresiones ocurridas la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.

Finalmente, Iñaki Blanco cuestionó a quién beneficia la emisión de una recomendación de esta naturaleza y sostuvo que, lejos de contribuir al esclarecimiento del caso, genera mayor confusión y revictimiza a los familiares de los estudiantes. Llamó a que las primeras diligencias estatales, la evidencia científica y los testimonios sean evaluados con rigor jurídico para evitar que «la política vuelva a imponerse sobre la justicia». Además, recordó que recientes hipótesis impulsadas por la CNDH en el caso Colosio fueron posteriormente descartadas por la Fiscalía General de la República y por el Poder Judicial, por lo que pidió analizar con reserva y detalle los pronunciamientos del organismo nacional. «Cuando el derecho y la política se confrontan, regularmente triunfa la política en agravio de la verdad y la justicia», concluyó.