Abel Barrera acusa colusión entre crimen organizado y autoridades en la Montaña de Guerrero

Acapulco, Gro., 1 de agosto de 2026. El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, afirmó que la violencia que enfrenta la región de la Montaña de Guerrero es resultado de una estructura de complicidad entre grupos del crimen organizado y autoridades de distintos niveles de gobierno, situación que, sostuvo, ha permitido el fortalecimiento de organizaciones delictivas y el desplazamiento de comunidades indígenas.

En un artículo publicado este sábado en La Jornada, Barrera Hernández retoma los hechos ocurridos entre el 6 y el 11 de mayo en comunidades nahuas del municipio de Chilapa, donde, según expone, integrantes del grupo criminal Los Ardillos atacaron localidades vinculadas a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF). De acuerdo con su relato, los hechos dejaron seis personas asesinadas, viviendas destruidas y más de 800 habitantes desplazados.

El defensor de derechos humanos sostiene que, pese a las solicitudes de auxilio dirigidas al Gobierno Federal, la respuesta institucional fue insuficiente. Señala que mientras la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó atender la emergencia, el entonces diagnóstico oficial presentado por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, redujo los acontecimientos a una confrontación entre grupos delictivos, interpretación que, afirma, invisibilizó la situación que enfrentaban las comunidades indígenas.

En su análisis, Barrera asegura que el crimen organizado ha penetrado las estructuras de diversos gobiernos municipales, al grado de controlar áreas administrativas, corporaciones policiales y decisiones públicas. También afirma que grupos criminales ejercen control territorial mediante retenes, revisiones a la población, vigilancia de comunicaciones y el monopolio de actividades económicas y obras públicas.

El artículo dedica un amplio apartado al caso del defensor comunitario Jesús Plácido Galindo, quien, según Barrera Hernández, denunció durante años la presencia de grupos criminales y la presunta colusión de autoridades municipales con estas organizaciones. Sostiene que, tras hacer públicas esas acusaciones, Plácido Galindo fue detenido mediante un proceso que califica como una fabricación de delitos, además de señalar que existió una campaña institucional para desacreditarlo y vincularlo con la delincuencia organizada.

Barrera Hernández también plantea que la detención de Jesús Plácido debilitó la resistencia de las comunidades organizadas y favoreció el avance de grupos criminales en la región. Asegura que existen órdenes de aprehensión contra otros integrantes del movimiento comunitario y advierte que ello pone en riesgo las formas tradicionales de organización de los pueblos indígenas.

Finalmente, el director de Tlachinollan sostiene que el poder alcanzado por las organizaciones criminales ha rebasado incluso a autoridades municipales y que, durante procesos electorales recientes, estos grupos demostraron capacidad para influir en la competencia política. Concluye que el caso de Jesús Plácido Galindo representa, a su juicio, el costo de denunciar la relación entre el crimen organizado y el poder político en Guerrero.