Reclutamiento infantil: ¿qué está pasando en México y por qué el Senado sigue sin cerrar la puerta al crimen organizado?

Ciudad de México, 5 de octubre de 2026.– Niñas, niños y adolescentes captados mediante engaños, amenazas, redes sociales o falsas ofertas de trabajo para incorporarlos a organizaciones criminales. El fenómeno no es nuevo, pero una intervención de la senadora panista Laura Esquivel Torres volvió a colocar sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿México cuenta con herramientas legales suficientes para castigar específicamente el reclutamiento de menores por el crimen organizado?

La respuesta corta es: todavía existen importantes vacíos y varias propuestas para combatir el fenómeno continúan pendientes en el Congreso.

¿Qué denunció Laura Esquivel?

Esquivel, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia del Senado, ha advertido desde 2025 sobre la captación de menores por organizaciones criminales y sobre la existencia de mecanismos de reclutamiento que incluyen redes sociales, videojuegos, engaños y falsas oportunidades laborales.

En abril de 2025 presentó una iniciativa para tipificar específicamente el reclutamiento forzado de menores de edad por organizaciones criminales. Su propuesta plantea penas de 20 a 40 años de prisión, además de multas, para quienes obliguen, inciten, coaccionen, engañen o aprovechen la vulnerabilidad de una niña, niño o adolescente para incorporarlo a actividades de la delincuencia organizada.

El problema no se limita a una entidad. La legisladora ha colocado el fenómeno dentro de un contexto nacional en el que los grupos criminales utilizan a jóvenes para distintas actividades, desde vigilancia y distribución de drogas hasta delitos de mayor gravedad.

¿Qué hay detrás de los “1,600 dientitos de leche” de Michoacán?

Uno de los casos que ha utilizado Esquivel para exigir una reacción institucional ocurrió en Zacapu, Michoacán.

Margarita López, del colectivo Buscando Cuerpos en Todo México, sostiene que durante trabajos de búsqueda iniciados en 2021 fueron recuperados aproximadamente 1,600 dientes de leche, además de otros restos, en una zona señalada por las buscadoras como posible sitio de incineración clandestina.

El 23 de septiembre, Esquivel llevó el caso a la tribuna del Senado y solicitó un minuto de silencio. También anunció un punto de acuerdo para exigir una investigación a las autoridades de Michoacán.

Aquí existe una precisión fundamental: no está acreditado oficialmente que 1,600 dientes equivalgan a cientos o miles de niños asesinados.

Hasta ahora no existe información forense pública que permita determinar cuántas personas representan esas piezas, sus identidades, edades o causas de muerte. La cifra de aproximadamente 1,600 piezas proviene del colectivo de búsqueda y requiere validación pericial. Por ello, afirmar como hecho probado que ahí fueron asesinados y quemados cientos de niños iría más allá de lo que actualmente puede verificarse.

¿México ya castiga el reclutamiento infantil?

Existen delitos que pueden aplicarse a conductas relacionadas —privación de la libertad, trata, delincuencia organizada, corrupción de menores, homicidio, entre otros—, pero en el Congreso se han presentado distintas propuestas para crear una figura específica y robustecer la protección de niñas, niños y adolescentes frente al reclutamiento criminal.

La iniciativa presentada por Esquivel en abril de 2025 busca precisamente incorporar un tipo penal específico y establecer obligaciones de prevención y protección para las autoridades.

No es la única propuesta.

En julio de 2025, por ejemplo, el senador Pablo Guillermo Angulo Briceño presentó otra iniciativa para tipificar y sancionar el reclutamiento forzado de menores. El Sistema de Información Legislativa la mantiene como pendiente en comisiones, después de haber sido turnada para dictamen. Esa propuesta plantea penas de entre 25 y 30 años de prisión y agravantes para determinadas circunstancias.

Es decir, sí existen propuestas legislativas para atacar específicamente el fenómeno, pero el problema continúa abierto en el Congreso.

¿Qué tan grande es el problema?

Aquí también hay que distinguir entre estimaciones y registros oficiales.

Durante un foro celebrado en el Senado en abril de 2025 se advirtió que más de 10 mil menores habrían sido enganchados por la delincuencia en los años anteriores. En abril de 2026, Esquivel habló de estimaciones de entre 30 mil y 40 mil jóvenes reclutados por el crimen organizado.

Las diferencias entre cifras muestran uno de los principales obstáculos para dimensionar el fenómeno: México no cuenta con una medición única que permita saber exactamente cuántas niñas, niños y adolescentes han sido reclutados por organizaciones criminales.

¿Por qué importa Guerrero?

La discusión tiene especial relevancia para entidades donde convergen violencia criminal, pobreza, comunidades rurales dispersas y presencia de grupos delictivos.

La captación de menores no necesariamente comienza con un arma. Puede iniciar mediante una oferta de trabajo, dinero, pertenencia a un grupo, amenazas contra la familia o contactos realizados a través de internet.

Precisamente por ello, el debate legislativo no se limita a aumentar penas: también plantea prevención, recuperación de las víctimas, restitución de derechos y mecanismos que impidan que un menor obligado a delinquir sea tratado únicamente como victimario.

La discusión de fondo

La denuncia de Laura Esquivel pone sobre la mesa dos asuntos distintos que no deberían confundirse.

El primero es un fenómeno documentado y reconocido institucionalmente: el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por organizaciones criminales existe y el Congreso lleva tiempo discutiendo cómo combatirlo.

El segundo es el estremecedor caso de Zacapu, donde el colectivo Buscando Cuerpos en Todo México asegura haber recuperado alrededor de 1,600 dientes de leche. Ese hallazgo requiere todavía confirmación y conclusiones forenses antes de establecer cuántos menores estarían involucrados o qué ocurrió con ellos.

La pregunta, entonces, trasciende la polémica política: mientras el Congreso discute cómo nombrar y castigar jurídicamente el reclutamiento infantil, organizaciones criminales continúan encontrando en niñas, niños y adolescentes uno de los sectores más vulnerables para ampliar sus filas.

Y esa es precisamente la urgencia detrás del debate: evitar que la legislación llegue después de que el crimen organizado ya haya reclutado a otra generación.