Condenan a 60 años de prisión a José Luis Abarca por crímenes de la noche de Iguala; familia de normalista exige justicia por tortura
- La sentencia alcanza a su exjefe de Seguridad Pública y a otras 26 personas por seis homicidios y el ataque contra Los Avispones.
Ciudad de México, 19 de noviembre de 2026.— A más de doce años de la noche de violencia que marcó a Iguala y estremeció al país, el exalcalde José Luis Abarca Velázquez fue condenado a 60 años de prisión por su responsabilidad en el asesinato de seis personas, entre ellas el normalista Julio César Mondragón Fontaine, cuyo cuerpo fue localizado sin rostro tras los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando también desaparecieron 43 estudiantes de Ayotzinapa.
La resolución judicial también alcanza a Felipe Flores Velázquez, quien se desempeñaba como secretario de Seguridad Pública municipal, y a otras 26 personas. Además de los seis homicidios calificados, los sentenciados fueron encontrados responsables de homicidio simple en grado de tentativa contra 61 personas, en hechos relacionados con el ataque de policías municipales al equipo de futbol Los Avispones.
Uno de los aspectos más relevantes del fallo es que establece responsabilidades directas de quienes encabezaban el gobierno y la seguridad pública de Iguala. El juez federal Irving Joan González Balleza determinó que Abarca actuó como inductor de los crímenes, mientras que Flores Velázquez tuvo participación como autor mediato, una conclusión judicial que coloca a las autoridades municipales en el origen de la violencia.
La sentencia revive uno de los episodios más brutales de aquella jornada. Julio César Mondragón, estudiante de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, participaba en las movilizaciones de sus compañeros cuando comenzaron los ataques armados. Intentó escapar de los disparos de la Policía Municipal, pero al día siguiente su cuerpo fue encontrado con graves lesiones y sin rostro, en un crimen que se convirtió en símbolo de la violencia ejercida contra los normalistas.
Sin embargo, la condena todavía no es definitiva. La defensa del exalcalde impugnó la resolución de primera instancia, por lo que corresponderá a la autoridad judicial de segunda instancia determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia.
Para la familia de Mondragón Fontaine, el fallo representa un avance, pero no cierra el caso. La Red Solidaria Década Contra la Impunidad, que acompaña a sus familiares, advirtió que la resolución “es un paso después de doce años de espera. También es incompleta: deja fuera la tortura”.
La organización exigió que la Fiscalía General de la República abra una investigación específica por tortura, a partir de los dictámenes forenses existentes, para identificar y llevar ante la justicia a quienes participaron directamente, ordenaron o permitieron esos actos. También pidió que la FGR atienda los aspectos pendientes durante la revisión de la sentencia y que la reparación del daño sea integral para la familia.
Abarca permanece privado de la libertad desde 2014. Después de más de una década recluido en el penal del Altiplano, fue trasladado en abril de 2025 al Centro Federal de Readaptación Social número 18, en Coahuila. Además, enfrenta una condena de 20 años por el homicidio del activista Justino Carbajal Salgado, ocurrido en 2013, y otros procesos penales relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos contra la salud.
La resolución representa un nuevo capítulo judicial en el caso Iguala, pero también evidencia los pendientes de una investigación que, doce años después, continúa sin esclarecer plenamente los crímenes cometidos aquella noche. Mientras la defensa de Abarca busca revertir la condena, la familia de Julio César Mondragón insiste en que castigar los homicidios no basta: también deben investigarse y sancionarse los actos de tortura.
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