Academia de Abogados Penalistas de México reconoce el trabajo del ex procurador, Iñaky Blanco Cabrera en el caso Hernández Cardona

•          Es la principal investigación que mantiene al ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez en prisión

•          El caso está listo para que lo retome la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

SNI

La Academia de Derecho del Colegio Nacional de Abogados Penales de México, Asociación Civil (AC) emitió un reconocimiento al ex Fiscal de Guerrero, Iñaky Blanco Cabrera por su trabajo realizado en la investigación del asesinato perpetrado en contra del dirigente social Arturo Hernández Cardona, ya que esta mantiene en prisión al ex alcalde de Iguala José Luis Abarca Velázquez.

Este 29 de mayo, el representante de la Academia del Colegio Nacional de Abogados Penales, Alberto Woolrich Ortiz dirigió una carta al ex procurador Blanco Cabrera en la que se pronuncia de la siguiente manera.

“Me permito extender las más altas felicitaciones con motivo de la probidad, conocimientos y eficiencia con la que manejó hace doce años las investigaciones de aquellos miembros de la organización social denominada “Unidad Popular”.

Se trata del asesinato cometido en contra de tres integrantes de la UP, en junio de 2013, entre los que se encontraba el dirigente Arturo Hernández Cardona, caso en el que se acreditó la autoría material del ex alcalde de Iguala José Luis Abarca Velázquez, preso además por sus vínculos con el crimen organizado.

El representante del Colegio de Abogados Penales plantea: “Hago de su conocimiento que gracias a esa integridad intelectual que siempre lo ha caracterizado, en la actualidad la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) podrá proceder una vez que se encuentre procesalmente listo el caso de Arturo Hernández Cardona y otros”.

Y plantea: “Por desgracia, como resulta ser de su conocimiento, el Estado Mexicano no ha valorado de conformidad con los cánones internacionales la honrosa investigación realizada cuando usted fungía como procurador en el estado libre y soberano de Guerrero”.

Refiere que la del caso Hernández Cardona y otras impulsadas por la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Guerrero, fueron encaminadas a respetar al Estado de Derecho y dignificar la misión constitucional”.