Arancel al tomate mexicano afectará exportaciones y empleos, advierten legisladores

Ciudad de México. Legisladores de oposición expresaron su preocupación por el nuevo arancel del 17.09% impuesto por Estados Unidos a las importaciones de tomate mexicano, el cual podría representar pérdidas económicas por alrededor de 800 millones de dólares y la desaparición de hasta 30 mil empleos en el sector agrícola.

La senadora Amalia García, ex gobernadora de Zacatecas, calificó la medida como un “golpe brutal” que carece de justificación económica y que impactará no solo a miles de productores mexicanos, sino también a consumidores estadounidenses.

“Este arancel es una decisión unilateral que afecta profundamente la relación comercial entre ambos países. Es una medida política que no tiene lógica ni sustento económico, y pone en riesgo a miles de familias a ambos lados de la frontera”, señaló García, al tiempo que reconoció como acertada la decisión del Gobierno mexicano de mantener el diálogo con Washington.

Por su parte, el diputado Héctor Saúl Téllez, coordinador económico del PAN en la Cámara de Diputados, acusó al Gobierno federal de fracasar en su política exterior, al no haber evitado esta nueva medida arancelaria, que se suma a otras tensiones comerciales durante la administración del presidente Donald Trump.

“El tomate es el segundo producto agrícola más exportado a Estados Unidos, después del aguacate. Anualmente se envían alrededor de mil 800 toneladas, que generan más de 3 mil millones de dólares. Con este nuevo impuesto, podrían perderse hasta el 25% de las exportaciones y empleos del sector”, advirtió.

Téllez también criticó la gestión de los funcionarios responsables de la relación bilateral, incluyendo al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y al canciller Juan Ramón de la Fuente, a quienes responsabilizó por la falta de resultados en la defensa de los intereses comerciales de México.

El legislador panista agregó que, aunque la medida de Washington es injusta, también refleja las consecuencias de una política de seguridad debilitada por parte del Gobierno mexicano, especialmente en lo que se refiere al combate al narcotráfico, un tema sensible en las negociaciones binacionales.

Ante este panorama, exigió al Ejecutivo federal actuar con firmeza y eficiencia, así como diseñar e implementar mecanismos de apoyo y compensación para los productores afectados.