¿Avance o retroceso en la reforma electoral?

Se me viene a la mente la reforma electoral de 1977 presentada por el entonces presidente de la República mexicana, el licenciado José López Portillo. Dicha reforma abrió paso a la transición democrática moderna. Su objetivo principal fue otorgarle legitimidad a la oposición mediante la representación proporcional, incorporando a 100 diputados plurinominales y permitiendo que las minorías tuvieran voz y voto en la Cámara de Diputados.

Aunque la propuesta actual no se ha presentado formalmente ante el Poder Legislativo, el Ejecutivo ha mostrado interés en diez puntos que conformarían la reforma. Algunos de ellos han generado molestia incluso entre sus aliados y, de mantenerse, podrían hacer naufragar la iniciativa.

En este sentido, la reforma presentada en la denominada “mañanera del pueblo” por parte de la presidenta de México ha generado diversas críticas. Muchos la han considerado un retroceso democrático, al advertir que podría estar diseñada para institucionalizar un nuevo régimen de partido hegemónico.

De los diez puntos presentados llaman particularmente la atención la reducción del financiamiento al INE, la desaparición del PREP, la falta de claridad sobre las reglas para la integración de la Cámara de Diputados y la disminución del número de senadores a 96 integrantes. Estas propuestas podrían afectar a los partidos que no forman parte del oficialismo y generar confusión respecto a la representación de la voluntad popular.

Aunque también hay aspectos que podrían representar avances, como la prohibición de la reelección, las medidas contra el nepotismo y la reducción del 25 % del financiamiento público a los partidos políticos. Sin embargo, resulta preocupante la reducción del presupuesto a la autoridad electoral, ya que es fundamental contar con instituciones imparciales, con autonomía y libertad para tomar decisiones justas que garanticen el cumplimiento de la voluntad del pueblo. Reducir sus recursos podría obligarlas a realizar procesos electorales con menores garantías de seguridad y profesionalismo.

La desaparición del PREP, la disminución de diputados plurinominales y el debilitamiento económico del INE no parecen medidas saludables para los avances democráticos que se han construido a lo largo de los años. Si se aprueba la reforma en estos términos, existe el riesgo de regresar a tiempos oscuros en los que la organización de las elecciones no era ciudadana ni imparcial, retrocediendo a una época en la que lo más importante no era la voz popular, sino la designación del candidato del partido en el poder.

Resulta igualmente grave que los puntos presentados en la reforma electoral no incluyan un aspecto fundamental para combatir uno de los mayores problemas de nuestra democracia: la infiltración del crimen organizado en los procesos electorales.

En los últimos años, el crimen organizado ha ganado terreno frente a la voluntad popular. La introducción de recursos ilícitos en las campañas, la violencia selectiva que rompe la equidad de la contienda y las amenazas constantes a los ciudadanos influyen de manera directa en la decisión del electorado.

Estas condiciones desalientan la participación ciudadana, reducen la pluralidad política y convierten algunos procesos electorales en espacios de elección controlada. Esto genera mayor influencia criminal en autoridades municipales, fiscalías, contratos públicos, obras y permisos. Cuando los ciudadanos perciben que las campañas o los gobiernos están coludidos con intereses ilícitos, disminuye la participación electoral y aumenta el cinismo político. En pocas palabras, la democracia pierde legitimidad y se abre paso a gobiernos corruptos.

Por tal motivo, si realmente queremos avanzar hacia una reforma electoral que fortalezca la democracia mexicana, es necesario recoger el sentir de los ciudadanos y escuchar a los municipios más vulnerables. No basta con foros con participación limitada o espacios abiertos solo a simpatizantes de la reforma. Si aspiramos a una democracia justa y sólida, debemos dejar de pensar en la perpetuidad del poder, cerrar el paso al crimen organizado y mejorar los métodos de selección de candidatos.