Caso Acapulco puede sentar un mal precedente para Guerrero, en materia de fiscalización

•          “El caso de Abelina López y los casi 900 millones de pesos ya es un caso cerrado”, asegura Jacinto González Varona, dirigente estatal de MORENA

•          El Congreso debe generar un marco legal para evitar que haya más Ayuntamientos que no tomen en cuenta a la ASE 

Interacción

El dirigente estatal de MORENA, Jacinto González Varona consideró que el Congreso local debe trabajar en el diseño de un marco jurídico que impida más diferendos como el de la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez con la Auditoría Superior del Estado (ASE), a partir de la determinación de comprobar casi 900 millones de pesos solo a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

González Varona sostuvo que a pesar de que el tema generó “mucho ruido”, al final de cuentas la razón jurídica la tiene la jefa de cabildo porteña.

Lo anterior, porque se debe tomar en cuenta que el 97.3 de los recursos que recibe Guerrero tienen su origen en el Gobierno de la República, en tanto que el estado solo genera el 2.7 porciento restante.  

En consecuencia, la presidenta municipal de Acapulco tuvo la razón al presentar la comprobación de los recursos solo ante la ASF, pese a los requerimientos que hizo el órgano fiscalizador local.

“Ella tienen la razón, aunque eso no exime la posibilidad de que la ASE y el Congreso local busquen un convenio con la ASF, para tener una mayor coordinación”, anotó.

Recordó que en la legislatura anterior, cuando presidió la Comisión de Evaluación y Seguimiento de la ASE, hizo un exhorto para que se renovaran los convenios de colaboración con la ASF y los municipios, ya que se percató de que efectivamente, “los ayuntamientos hacían lo que querían para no presentar sus cuentas, muchos se iban al amparo y los ganaban, por eso hicimos los exhortos correspondientes para estrechar los convenios de colaboración”.

Indicó que tras la polémica generada por el caso Acapulco, queda confirmado que se debe armonizar la ley en materia de fiscalización, pues de lo contrario, muchos Ayuntamientos se irán al amparo y la Suprema Corte de Justicia terminará por otorgarles la razón a los municipios.

En el caso de Acapulco sostuvo que ya es un caso cerrado, pero insistió en que el Congreso local debe revisar el tema y generar un marco jurídico para regularlo, de lo contrario, el tema se le puede salir de control al órgano fiscalizador local.