Congreso de Guerrero analiza reformas sobre deudores alimentarios, registro público y fiscal electoral
Chilpancingo, Guerrero, 27 de febrero de 2026. —
La Comisión de Justicia del Congreso del Estado de Guerrero llevó a cabo su Sexta Sesión Ordinaria del segundo año legislativo, donde se analizaron y discutieron diversos dictámenes enfocados en fortalecer el marco jurídico estatal, garantizar derechos y dar cumplimiento a resoluciones judiciales.
Entre los temas centrales destacó el dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 205 del Código Penal del Estado en materia de incumplimiento de la obligación alimentaria. La propuesta busca reforzar la protección del derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir alimentos, estableciendo que cuando el adeudo supere los treinta días el juez ordene la inscripción del responsable en el Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM).
La reforma también vincula de manera directa las sanciones penales con este registro, con el objetivo de hacer visible la deuda y generar mayores consecuencias legales para quien incumpla con sus responsabilidades. Asimismo, se contempla que, una vez cubierto el adeudo y reparado el daño, el juez pueda ordenar la cancelación de la inscripción del deudor.
Durante la discusión del dictamen, el diputado Jorge Iván Ortega Jiménez expresó su respaldo a la propuesta, al considerar que fortalece el marco legal en defensa de las familias y de los sectores más vulnerables.
“Garantizar el derecho fundamental a los alimentos es indispensable para el desarrollo digno de nuestras niñas, niños y adolescentes. Esta reforma no solo sanciona, también genera mecanismos para que se cumpla con la obligación”, señaló.
En la misma sesión, la Comisión de Justicia también analizó la derogación de la fracción V del artículo 7 de la Ley Registral del Estado de Guerrero, en cumplimiento a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El máximo tribunal determinó que algunos requisitos establecidos para ocupar la titularidad del Registro Público —como “modo honesto de vivir” o “solvencia moral”— eran ambiguos y podían derivar en interpretaciones arbitrarias o discriminatorias.
La propuesta legislativa busca armonizar la legislación estatal con la sentencia de la Corte y garantizar el respeto a los derechos humanos, particularmente la igualdad, la no discriminación y el acceso a la función pública.
Otro de los asuntos abordados fue la aprobación de un acuerdo parlamentario para exhortar a la Fiscalía General del Estado a que presente, en un plazo de diez días hábiles, la propuesta formal para designar al nuevo Fiscal Especializado en Delitos Electorales, acompañada de las pruebas que acrediten el cumplimiento de los requisitos legales.
El tema surge tras la renuncia del anterior fiscal especializado a finales de 2025 y la posterior designación de un encargado sin la notificación correspondiente al Congreso.
Con estas acciones, la Comisión de Justicia busca fortalecer la legalidad institucional, garantizar el respeto a las resoluciones judiciales y consolidar mecanismos que protejan derechos fundamentales de la ciudadanía en Guerrero.

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