CRAC-PC reprocha que el Congreso de Guerrero ha frenado su reconocimiento legal
• En 2018, la mayoría parlamentario convocó a una consulta que nunca se aterrizó, denuncian
• En los últimos años se han negado a darle cauce al planteamiento
• La consecuencia natural es la persecución legal, indican las seis casas de justicia
Interacción
En Caxitepec, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) denunció que a pesar de los resultados aportados durante 30 años, su policía comunitaria es objeto de criminalización.
En el pronunciamiento emitido este domingo, la CRA-PC recordó que desde hace 30 años, pueblos Me’phaa, Na Savi, Nahuas y afromexicanos de la Costa Chica y Montaña de Guerrero decidieron conformar su policía comunitaria, con la intención de brindar seguridad, justicia y reeducación en sus pueblos.
La creación de la comunitaria, aclararon que no tuvo la intención de generar violencia, sino para cuidar la tierra, el territorio y recursos naturales.
Se trataba no de someter por la fuerza a los demás, sino para construir un clima de paz en los pueblos.
La CRAC-PC actualmente cuenta hoy con 6 casas de justicia, más de 300 pueblos que forman parte de ese sistema, y sostienen que sus territorios impera un clima de armonía, que “está muy lejos de la violencia que azota otras regiones del estado de Guerrero, donde las instituciones del Estado han sido incapaces de contener y revertir la criminalidad».
En ese contexto, CRAC-PC reprochó de que lejos de que sean reconocidos de manera oficial, «las autoridades nos criminalizan”.
Indican: “Pensamos que con la llegada de un gobierno progresista habría un diálogo más fluido, que no se discriminaría a los pueblos indígenas».
De hecho, recordaron que en 2018, en el Congreso local plantearon que iniciaran los trabajos para el reconocimiento constitucional de la CRAC-PC, por lo que se llevó a cabo una consulta y se presentó una iniciativa que nunca fue aprobada.
“Por el contrario, la fracción mayoritaria compuesta por Morena nos dio la espalda», aseguraron.
También manifestaron que confiaron en que tras la aprobación de la reforma indígena en el Congreso de la Unión, que reconoce la jurisdicción indígena y la libre determinación y autonomía para aplicar y desarrollar sus propios sistemas normativos, en el Congreso de Guerrero se avanzara en la construcción de las bases para el reconocimiento constitucional y legal de la CRAC-PC.
Hasta el momento, las mesas de diálogo no han prosperado.
El reproche avanza: «El gobierno le apostó al desgaste de la CRAC-PC. Lejos del reconocimiento empezó una persecución y represión contra nuestro sistema de justicia. Hace meses fueron detenidos cinco policías comunitarios de Xalpatláhuac que hoy se encuentra recluidos, como si de delincuencia se tratase, y la semana pasada el Consejero de la CRAC, Jaime Morales Castro fue liberado».
También acusaron: «Mientras detienen a nuestras autoridades comunitarias, el gobierno pacta con las bandas delictivas, el gobierno permite que los asesinos de luchadores sociales sigan en la impunidad y que los grupos delictivos operen a la luz del día sembrando violencia y terror».
Señalan que no hay diferencia entre los gobiernos del pasado, que los encarcelaba, porque «ahora con el mismo cálculo lo hace el gobierno que se dice progresista».
En el documento difundido este fin de semana, exigen que se esclarezca y haya justicia por los casos de Rocío Mesino, quien hace 12 años fue asesinada en Atoyac de Álvarez, así como el homicidio de Ranferi Hernández y su familia, asesinados y calcinados hace 8 años en Chilapa.
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