Dictan auto de formal prisión a ex presidenta del TSJ de Guerrero por presunta destrucción de evidencia en caso Ayotzinapa
Un juez federal dictó auto de formal prisión contra Lambertina Galeana Marín, ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado de Guerrero, por su presunta responsabilidad en la desaparición de evidencia clave relacionada con el caso Ayotzinapa, ocurrido en septiembre de 2014.
Galeana Marín, de 79 años, fue detenida en el municipio de Chilpancingo luego de que se le cumplimentara una orden de aprehensión por los delitos de desaparición forzada de personas y delitos cometidos contra la administración de justicia por un servidor público.
La captura fue realizada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional.
La detención se llevó a cabo tras la ejecución de una orden de cateo en un domicilio ubicado en la calle Abasolo, colonia Ruffo Figueroa, en Chilpancingo, donde se encontraba la ex funcionaria.
Una vez detenida, Galeana Marín fue puesta a disposición de la autoridad judicial, que el 21 de mayo le dictó auto de formal prisión por los delitos de desaparición forzada cometida por particulares y delitos contra la administración de justicia, en el marco del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Durante la audiencia inicial, la defensa de Galeana solicitó la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica, lo cual derivó en la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, misma que se mantiene vigente tras la resolución judicial.
Lambertina Galeana Marín ejercía como Magistrada presidenta del TSJ de Guerrero en 2014, año en que ocurrieron los hechos relacionados con la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, en Iguala.
De acuerdo con la investigación de las autoridades federales, Galeana Marín habría ordenado la eliminación de las grabaciones de las cámaras de videovigilancia número 12 y 15, instaladas en el Palacio de Justicia de Iguala, donde se presume que ocurrieron hechos relevantes entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Según las indagatorias, la entonces magistrada tenía bajo su responsabilidad a los empleados Javier Uribe Iturbe y Luis Europa Solís Jiménez, quienes trabajaban en el área de informática del TSJ adscrita al Distrito Judicial de Hidalgo, en Iguala.
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