Diputada Erika Guillén propone garantizar inclusión efectiva de niñas y niños con discapacidad en Guerrero

Chilpancingo, Guerrero, 17 de marzo de 2026.– Con el objetivo de cerrar brechas de desigualdad y garantizar el ejercicio efectivo de derechos, la diputada del PRD, Erika Isabel Guillén Román, presentó este martes ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma a la Ley Número 812 para fortalecer la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad.

La propuesta, turnada a la Comisión de Salud para su análisis y dictamen, plantea adicionar dos párrafos al artículo 51, con el fin de establecer obligaciones claras para las autoridades estatales y municipales en materia de accesibilidad, ajustes razonables y apoyos especializados.

De acuerdo con la legisladora, el marco legal vigente reconoce los derechos de este sector, pero mantiene un carácter principalmente declarativo, sin mecanismos concretos que permitan hacerlos exigibles en la práctica, lo que ha derivado en la persistencia de barreras físicas, institucionales y sociales que limitan su desarrollo integral.

La iniciativa establece que las autoridades deberán implementar medidas para garantizar la inclusión y participación plena de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en todos los ámbitos, incluyendo el educativo, social y comunitario. Entre las acciones previstas se encuentran la accesibilidad universal en espacios públicos, la provisión de servicios de atención integral, herramientas de comunicación accesible y apoyos especializados, así como acciones para prevenir cualquier forma de discriminación, exclusión o segregación.

En la exposición de motivos se advierte que en Guerrero alrededor del 6.6% de la población de 0 a 17 años vive con alguna discapacidad, lo que equivale a aproximadamente 82 mil 200 niñas, niños y adolescentes, cifra que refleja la magnitud del reto para las instituciones públicas.

A esta situación se suman condiciones de desigualdad estructural. Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 68.8% de la población infantil en el estado se encontraba en situación de pobreza en 2022, mientras que 27.6% vivía en pobreza extrema, factores que agravan las limitaciones para acceder a servicios de salud, educación inclusiva y apoyos especializados.

Además, la iniciativa señala que 55.3% de la niñez y adolescencia en Guerrero presenta carencias en acceso a servicios de salud y 79.4% carece de seguridad social, lo que impacta directamente en la atención médica y en el acceso a terapias de rehabilitación.

En el ámbito educativo, persisten importantes rezagos: cerca del 12% de la población de 3 a 17 años presenta rezago educativo y 14.4% no asistía a la escuela en 2020, situación que se agrava en el caso de estudiantes con discapacidad debido a la falta de condiciones inclusivas en los centros escolares.

La iniciativa también destaca que Guerrero es una entidad con alta diversidad cultural, donde 16.8% de la población infantil es hablante de lengua indígena y 7.9% se reconoce como afromexicana, lo que, combinado con la discapacidad, genera escenarios de discriminación múltiple y exclusión social.

En ese contexto, la diputada argumenta la necesidad de fortalecer el marco jurídico estatal para alinearlo con estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, particularmente con la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como con criterios recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establecen la obligación del Estado de garantizar una protección reforzada a este sector.

El análisis legislativo del proyecto señala que la reforma representa un cambio sustancial al pasar de un modelo de reconocimiento formal de derechos a uno que establece obligaciones operativas para las autoridades, lo que implicaría una transformación en el diseño e implementación de políticas públicas en sectores como educación, salud y desarrollo social

A nivel nacional, se estima que existen más de 2.6 millones de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, mientras que diversos estudios advierten que una proporción significativa enfrenta dificultades para acceder y permanecer en el sistema educativo, lo que evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos legales y las políticas públicas orientadas a su inclusión.

La propuesta fue turnada a Comisiones, donde será analizada para su eventual dictaminación, en un contexto donde la inclusión y la garantía de derechos de la niñez con discapacidad se posicionan como temas prioritarios en la agenda pública.