En Guerrero, proponen la creación de un registro de huérfanos por feminicidio
• La iniciativa fue presentada por Leticia Mosso Hernández, diputada local del PT
• Sostiene que dicho registro permitirá dar seguimiento a niños que a consencuencia de la violencia, enfrentan condiciones de abandono
Interacción
La diputada local del PT, Leticia Mosso Hernández propuso la creación de un registro de huérfanos por feminicidio en el estado de Guerrero.
La iniciativa de la legisladora local implica una reforma a la fracción XIV, una adición a la fracción XVI y el corrimiento de la fracción XV a la fracción XVI del artículo 30 Bis 3 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE).
La propuesta tiene como objetivo dotar a la Fiscalía General del Estado, de la atribución para crear y administrar un registro de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio u homicidio de sus madres o cuidadoras.
La intención es visibilizar a las víctimas indirectas, integrar esta información a la estadística criminal y victimal, y fortalecer el diseño de políticas públicas de protección, restitución de derechos y prevención de la violencia de género.
La diputada Mosso Hernández refirió que, pese a los avances normativos en materia de derechos humanos, actualmente en Guerrero no existe un registro específico que permita identificar y dar seguimiento a las niñas, niños y adolescentes que quedan en estado de orfandad por estos delitos.
En consecuencia, consideró importante que la Fiscalía integre un registro estadístico para generar diagnósticos precisos, establecer rutas de atención interinstitucional y promover medidas de protección inmediata y de restitución integral de derechos para las niñas, niños y adolescentes afectados.
Las modificaciones, indicó que permitirán constituir una herramienta estratégica para prevenir la violencia de género y fortalecer la procuración de justicia.
Mosso Hernández refirió que la iniciativa se sustenta en el marco constitucional y convencional, que obliga a todas las autoridades a garantizar los derechos humanos, el interés superior de la niñez y la debida diligencia reforzada en casos de violencia contra las mujeres.
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