Guerrero, sin estrategia de desarrollo
En Guerrero no faltan diagnósticos; lo que escasea es una estrategia de fondo. Los datos oficiales sobre pobreza confirman lo que millones de familias viven todos los días: seis de cada diez guerrerenses sobreviven en condiciones de pobreza y más de una quinta parte en pobreza extrema. No se trata de una anomalía reciente, sino de una realidad estructural que se ha prolongado por décadas.
Las cifras son contundentes. Carencias en salud, vivienda, educación, alimentación y seguridad social siguen marcando el destino de amplias regiones del estado. A ello se suma un elemento que agrava el panorama: la caída de las remesas en 2025, la más fuerte en 16 años, que golpea directamente a los hogares que habían encontrado en la migración una válvula de escape frente a la falta de oportunidades locales.
Lo demás son cifras alegres que llenan páginas, plataformas y discursos.

Frente a esta realidad, es inevitable decirlo con claridad: los programas sociales son necesarios, pero no suficientes. Han cumplido una función de contención, han evitado que la pobreza sea aún más profunda, pero no han logrado romper el ciclo de rezago. Son un paliativo, no una solución estructural. La pobreza no se erradica solo con transferencias; se supera con empleo, productividad, inversión y desarrollo regional.
Esta precariedad social convive con una gobernabilidad cada vez más frágil. Los bloqueos recurrentes en la Autopista del Sol y en carreteras federales reflejan un problema más profundo que el simple conflicto coyuntural: la incapacidad histórica del Estado para procesar demandas sociales antes de que se conviertan en crisis. Cada bloqueo implica pérdidas económicas millonarias, pero también erosiona la confianza, afecta al turismo y profundiza la percepción de ingobernabilidad.
La presencia de grupos de autodefensas, las movilizaciones indígenas por infraestructura básica incumplida y la inseguridad persistente en distintas regiones no son hechos aislados. Son síntomas de un mismo fenómeno: territorios donde el desarrollo no llegó y el Estado es ausente. Mientras esas causas no se atiendan, la conflictividad seguirá siendo recurrente, sin importar cuántos operativos se desplieguen.
Desde el discurso oficial se insiste, con razón, en el diálogo y la atención a las causas. Sin embargo, el problema es que no existe un proyecto económico integral para Guerrero. Guerrero necesita un plan. No hay una visión clara que articule las regiones del estado, que potencie sus vocaciones productivas y que genere empleos formales capaces de sustituir la dependencia de los programas sociales y de las remesas.
La única idea que se ha mencionado en los últimos años como posible detonante estructural es la instalación de un Puerto Seco en La Unión, en la Costa Grande. Pero hasta ahora, hay que decirlo con honestidad, se trata más de un anuncio que de una política pública consolidada. No hay calendarios claros, inversión comprometida ni una estrategia que conecte ese proyecto con el resto del estado. Mientras tanto, Guerrero sigue sin una ruta económica definida.
El resultado es un círculo vicioso: pobreza persistente, presión social constante, bloqueos, inseguridad y una gobernabilidad que actúa de manera reactiva, no preventiva. La salud pública se resiente, como lo evidencian los conflictos laborales en hospitales; la educación sigue arrastrando rezagos; y el potencial turístico convive con una realidad social profundamente desigual.
Desde una visión socialdemócrata y de izquierda democrática, es indispensable decirlo sin ambigüedades: combatir la pobreza exige algo más que administrar la emergencia. Se necesita una política de desarrollo económico regional, con planeación, inversión pública estratégica y participación del sector productivo local, sin abandonar la política social, pero complementándola con crecimiento y empleo.
Guerrero no puede resignarse a vivir permanentemente de apoyos ni a normalizar la conflictividad como mecanismo de negociación. Mientras no exista un proyecto económico serio, incluyente y de largo plazo, la pobreza seguirá siendo el eje de la vida pública y la gobernabilidad continuará siendo frágil.
La discusión de fondo no es ideológica ni partidista. Es una discusión sobre el futuro del estado. O se apuesta por el desarrollo económico regional como palanca para superar las carencias históricas, o Guerrero seguirá atrapado entre la urgencia social y la improvisación política. Veremos.
El telón de fondo
El 10 de febrero de 1821 el país estaba herido. En un paraje de Acatempan, pequeño pueblo de Teloloapan, el silencio pesaba más que los fusiles. Allí, frente a frente, se encontraron dos hombres que durante años habían combatido: Vicente Guerrero, último jefe insurgente, bravo, mestizo e indomable, curtido en las montañas del sur; y Agustín de Iturbide, coronel del rey, estratega frío, hecho a la disciplina del imperio español.
Detrás de ellos quedaban pueblos quemados, madres de luto, caminos llenos de cruces anónimas. La guerra ya no era contra España: era una guerra entre hermanos, una herida que se devoraba a sí misma. Ambos lo sabían, y quizá por eso el encuentro tenía algo de duelo y algo de juicio final: así nació el histórico abrazo de Acatempan.
¿Qué pesó más: el cansancio de la sangre o la terquedad de la esperanza? No lo sé. Pero ese día lograron lo que se veía imposible. El fin de la Guerra de Independencia abrió un nuevo destino para México, unido bajo tres garantías: religión, independencia y unión, el germen del Plan de Iguala.
Vicente Guerrero, que había visto caer a los suyos, firmó el acuerdo con una sentencia que lo definió para siempre: “La patria es primero”.
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