Instituto Electoral de Michoacán ordena a Fernández Noroña retirar videos por violencia política de género

Ciudad de México, 19 de febrero de 2026.- El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) ordenó al senador Gerardo Fernández Noroña editar o eliminar, en un plazo no mayor a 24 horas, tres videos difundidos en su canal de YouTube en los que califica a la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, como “irresponsable” y “fascista”. El órgano electoral determinó que dichas expresiones podrían constituir violencia política contra las mujeres en razón de género.

De acuerdo con la resolución, además de retirar o modificar el contenido señalado, el legislador deberá abstenerse de realizar manifestaciones que puedan interpretarse como hostigamiento y tendrá que informar por escrito sobre el cumplimiento de la medida, con el apoyo de la Coordinación de Comunicación Social del Senado de la República.

Los videos en cuestión no sólo contenían descalificaciones directas hacia la edil de Uruapan, sino también cuestionamientos sobre presuntos vínculos políticos relacionados con el asesinato del exalcalde Carlos Manzo, lo que elevó el tono del debate público y generó controversia en el ámbito político local.

En sus señalamientos, Fernández Noroña sostuvo que su postura se enmarca en el ejercicio de la libertad de expresión y en el derecho a la crítica política, al considerar que las decisiones y actuaciones de la alcaldesa deben ser sometidas al escrutinio público. Sin embargo, el IEM consideró que la forma y el contenido de los calificativos utilizados podrían vulnerar los derechos político-electorales de la funcionaria, particularmente bajo el marco legal que protege a las mujeres en el ejercicio de cargos públicos frente a ataques que reproduzcan estereotipos o violencia simbólica.

La resolución abre nuevamente el debate sobre los límites entre la libertad de expresión de los actores políticos y la obligación de evitar discursos que puedan configurar violencia política de género. Mientras el senador deberá acatar la medida cautelar en el plazo establecido, el caso podría escalar a instancias jurisdiccionales si alguna de las partes decide impugnar la determinación.

El episodio ocurre en un contexto de alta polarización política, donde las redes sociales y las plataformas digitales se han convertido en escenarios centrales de confrontación pública, pero también en espacios sujetos a regulación cuando se vulneran derechos fundamentales.