La reforma electoral

Celestino Cesáreo Guzmán

Desde Guerrero observamos con atención el debate nacional que ha abierto la propuesta de reforma electoral presentada por el gobierno federal. En un país con una historia marcada por la lucha por tener elecciones libres, cualquier cambio en las reglas democráticas debe analizarse con seriedad, con mesura, con objetividad, sin prejuicios y, sobre todo, pensando en el futuro de nuestro sistema político.

Hay una realidad innegable: México sí necesita discutir su sistema electoral. Hay rubros que desde hace años deben perfeccionarse. La ciudadanía ha expresado inconformidad con el despilfarro en las elecciones, con la cada vez más marcada distancia entre representantes y población, y con prácticas políticas que debilitan la confianza pública. Ignorar esas preocupaciones sería un error.

En ese sentido, algunas de las ideas que se han puesto sobre la mesa responden a demandas legítimas. La revisión del gasto electoral, por ejemplo, es un tema que la sociedad ha planteado con claridad. Lo justo es que todos los candidatos que van a la urna reciban la misma cantidad de financiamiento. También es positivo perfeccionar y hacer más contundentes los mecanismos de fiscalización, el voto de los mexicanos en el extranjero o el uso de nuevas tecnologías en los procesos electorales. Son asuntos que reflejarían cambios en la realidad política del país.

Sin embargo, también es cierto que una reforma electoral no puede evaluarse únicamente desde la lógica del ahorro o de la popularidad política de ciertas medidas. La democracia tiene costos, pero sobre todo tiene equilibrios institucionales que deben cuidarse. Reducir estructuras del INE o modificar reglas sin analizar sus efectos puede terminar debilitando la pluralidad. Que las minorías tengan voz y voto es una lucha de años que debe prevalecer.

Uno de los puntos más delicados del debate es la forma en que se integraría el Congreso. Las reglas de representación no son un detalle técnico menor: de ellas depende que las distintas voces del país tengan espacio en las decisiones nacionales.

La representación proporcional, por ejemplo, no surgió como un privilegio para los partidos, sino como un mecanismo para evitar mayorías artificiales y garantizar la presencia de minorías políticas. Cambiar la fórmula también es urgente; en muchos estados y a nivel nacional es ya un abuso. Hacerla más justa, equilibrada y recobrar su espíritu original requiere una discusión de forma y de fondo.

México construyó durante décadas instituciones que permitieran elecciones creíbles. Es válido revisarlas, perfeccionarlas y fortalecerlas, pero no debilitarlas. La autonomía de las autoridades electorales, la fiscalización efectiva y contundente, y la equidad en la contienda son pilares que no deberían ponerse en riesgo.

Hay otros aspectos de la propuesta que, en principio, pueden resultar positivos, pero que requieren mayor claridad. La regulación del uso de inteligencia artificial en campañas, por ejemplo, es un tema inevitable en el mundo actual. Pero en todos esos casos lo importante será el diseño concreto de las reglas. Las buenas intenciones no siempre producen buenas leyes.

Por eso es fundamental actuar con responsabilidad política. En este momento lo que existe es un planteamiento general que deberá convertirse en iniciativa legislativa formal en los próximos días. Hasta que conozcamos el texto completo, sabremos si estamos ante una reforma que mejora la representación democrática o ante cambios que requieren corregirse.

Desde Guerrero creemos que el debate debe darse con altura de miras. No se trata de descalificar automáticamente ni de respaldar sin revisar. Se trata de analizar qué fortalece la democracia mexicana y qué podría debilitarla.

México ha avanzado mucho para tener elecciones confiables. Las reformas electorales del pasado, con sus defectos, fueron producto del diálogo entre fuerzas políticas distintas. Esa debería seguir siendo la ruta. Las cámaras de diputados y senadores pueden ser el espacio ideal para ello.

Ojalá se abra el debate con serenidad, con apertura, con voluntad para escuchar a especialistas, a instituciones y a la ciudadanía. Porque las reglas de la democracia no pertenecen a un gobierno ni a un partido. Le pertenecen a todos los mexicanos.

⸻

El telón de fondo
——————

Juan Álvarez y la Revolución de Ayutla

En 1854 México vivía otra vez bajo la sombra interminable de Antonio López de Santa Anna. Con impuestos absurdos —se pagaban impuestos por el número de puertas, ventanas, mascotas y caballos; eso de los impuestos extraños “no es de ahora”—, la fuerte persecución política y la venta de casi la mitad de nuestro territorio agotaron la paciencia nacional.

Pero esta ruptura no comenzó en la capital ni en los salones alfombrados de Palacio Nacional: comenzó en estas tierras del sur.

Desde las montañas de Ayutla se levantó un hombre ya entrado en años, curtido en la guerra de Independencia: Juan Álvarez. No era general de uniforme lujoso ni político de discurso emotivo; fue soldado de Morelos, caudillo de pueblo, jinete de caminos. Era conocido y respetado en una amplia zona de Guerrero, donde maestros, comerciantes, arrieros y campesinos le llamaban jefe, un caballero de palabra.

El 1 de marzo de 1854 se proclamó el Plan de Ayutla, redactado por Florencio Villarreal y respaldado por Ignacio Comonfort. Se ponía fin a los privilegios: prometía terminar la dictadura y convocaba a juntos darle forma a un nuevo México.

La rebelión se expandió como rumor de mercado en mercado y de campamento en campamento. No iban a la guerra batallones profesionales; marchaban peones con machete, rancheros con carabina vieja y pueblos enteros que veían en Álvarez no a un militar, sino a un protector.

Mientras el centro del país dudaba, el sur resistía. Las tropas santannistas podían tomar poblaciones, pero no podían dominar la sierra. Cada derrota oficial alimentaba la rebelión. Cada abuso sumaba voluntades.

Un año después, cae Santa Anna: abandonó el país en agosto de 1855.

Guerrero no sólo acompañó la historia nacional: la empujó y la corrigió.

Entonces ocurrió algo inédito: el vencedor no se aferró al poder.

Álvarez entró a la capital y asumió la Presidencia de la República sólo 62 días… el tiempo suficiente para encaminar el cambio. Entregó el gobierno a Ignacio Comonfort y regresó al sur a sus labores de agricultor. Había dejado sembrada la semilla de las Leyes de Reforma, que separaron Iglesia y Estado, abolieron fueros y dieron forma al Estado mexicano moderno. Orgulloso decía a sus amigos: “Pobre entré a la Presidencia y pobre salí.”