Militarización sin retorno: Tlachinollan alerta sobre la nueva Ley de la Guardia Nacional

Por Redacción

Ciudad de México, 10 de julio de 2025. — Con un análisis crítico, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan advierte que la nueva Ley de la Guardia Nacional, contenida en una iniciativa presidencial de 953 páginas, representa un retroceso histórico en la lucha por desmilitarizar la seguridad pública en México. En su reciente posicionamiento, la organización señala que esta reforma no solo anula las exigencias ciudadanas de justicia y memoria, sino que consolida a la Guardia Nacional como una cuarta fuerza armada, bajo el mando directo de la Secretaría de la Defensa Nacional.

La reforma modifica sustancialmente la naturaleza, estructura y funciones de la Guardia Nacional: sus integrantes recibirán formación militar, y sus procesos de contratación, ascenso y operación estarán regidos por normas castrenses. La Sedena, además, obtendrá nuevas atribuciones, incluyendo la evaluación de la estrategia nacional de seguridad pública y el acceso a información sensible generada por agencias civiles de inteligencia.

Para Tlachinollan, esto supone una restauración del poder militar sobre las instituciones civiles, recordando prácticas del periodo conocido como «guerra sucia», cuando el Ejército ejecutó operativos de contrainsurgencia con saldo de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzados y torturas. La organización subraya que estas acciones fueron respaldadas por altos mandos militares como el general Hermenegildo Cuenca Díaz, a quien —pese a su historial de abusos— el actual gobierno rindió homenaje por su papel en la modernización del Ejército.

El análisis también denuncia que la reforma reproduce normas ya invalidadas por la Suprema Corte, como la facultad de investigación otorgada a la Guardia Nacional, lo que contraviene obligaciones internacionales de derechos humanos. En los hechos, sostiene Tlachinollan, el poder militar subordina a las autoridades civiles y obstruye el acceso a la justicia, especialmente en casos donde los responsables de violaciones son integrantes del propio Ejército.

Particular preocupación genera la reforma al Código Militar de Procedimientos Penales, que extiende la jurisdicción militar a los elementos de la Guardia Nacional, desafiando los estándares internacionales que establecen que las violaciones a derechos humanos deben ser juzgadas en tribunales civiles. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido enfática en que los tribunales militares no deben juzgar a civiles ni a militares involucrados en delitos contra la población.

La organización recuerda episodios del uso político y represivo del Ejército en contextos electorales —como en Baja California, Nayarit, Tamaulipas y Coahuila— donde las fuerzas armadas actuaron como garantes del régimen autoritario del PRI, reprimiendo protestas y garantizando el control social.

“La pérdida del carácter civil de la Guardia Nacional la convierte en una fuerza sin contrapesos, con visión de enemigo interno y sin control democrático. El poder que se le confiere a los violadores de derechos humanos del pasado amenaza con perpetuar un modelo de seguridad sustentado en el miedo, la represión y la impunidad”, concluye el pronunciamiento.

Este posicionamiento fue originalmente publicado por Tlachinollan en el periódico La Jornada.