Padres de los 43 denuncian exclusión y rechazan nueva Comisión de la Verdad en caso Ayotzinapa

Iguala, Guerrero, 24 de marzo de 2026.–
Un grupo de madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa denunció públicamente haber sido excluido de diligencias ministeriales recientes y manifestó su rechazo a la posible creación de una nueva Comisión de la Verdad, al considerar que podría entorpecer el acceso a la justicia.

A través de un posicionamiento dirigido a la opinión pública, los familiares señalaron que el pasado 21 de marzo de 2025 tuvieron conocimiento, por medios de comunicación, de una diligencia encabezada por la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), con presencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (COVAJ), realizada en una funeraria de Iguala. En dicha actuación también participaron organizaciones como Tlachinollan, el Centro Prodh y Fundar, así como otro grupo de familiares.

Los firmantes —un bloque de 13 madres y padres— reprocharon no haber sido informados de esta diligencia, lo que calificaron como una exclusión reiterada que vulnera sus derechos humanos, particularmente en materia de seguridad jurídica y legalidad.

Asimismo, señalaron que existen diferencias entre colectivos de familiares, situación conocida por las autoridades, pero que no ha sido atendida de manera adecuada. Denunciaron que el grupo que representan ha recibido una asistencia técnico-jurídica “inoportuna, insuficiente e irrazonable”, contraria a la obligación institucional de garantizar el acceso a la verdad y la justicia.

En el documento también expresaron su inconformidad por no haber sido considerados en un requerimiento del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, relacionado con la posible creación de una nueva Comisión de la Verdad. Advirtieron que la instauración de otro organismo podría generar duplicidad de funciones, dilación en las investigaciones, conflictos de competencia, gasto innecesario de recursos y mayor politización del caso.

Los familiares recordaron que la resolución judicial que dio pie a esta propuesta derivó en la liberación de presuntos responsables por señalamientos de tortura, lo que, afirmaron, no ha sido suficientemente valorado.

Finalmente, hicieron un llamado a las autoridades competentes y a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para que se garantice una atención integral conforme al marco constitucional y legal vigente, evitando que se les coloque en estado de indefensión o sean objeto de actos discriminatorios.