Plantean tipificar otros delitos electorales para sancionar prácticas hoy impunes

–Entre ellos la usurpación de candidaturas

Interacción

Ante la falta de herramientas legales para actuar penalmente contra ciertas conductas electorales, autoridades especializadas impulsan la ampliación del catálogo de delitos en la materia.
Así lo dio a conocer Alejandro Guizado Jaimes, Fiscal Especializado en Delitos Electorales del estado, quien informó que autoridades electorales federales analizan incorporar nuevas figuras delictivas, entre ellas la usurpación de candidaturas.
El fiscal explicó que recientemente acudió a la Ciudad de México al Instituto Nacional Electoral (INE), en su calidad de vicepresidente de la Asociación Mexicana de Fiscalías Electorales, para exponer diversas propuestas derivadas de la experiencia acumulada en procesos electorales pasados, problemáticas que —subrayó— no son exclusivas de Guerrero.
“Como asociación hemos detectado áreas de oportunidad que permitirían fortalecer el sistema democrático y obtener mejores resultados en los procesos electorales”, señaló Guizado Jaimes al referirse a los vacíos normativos que hoy limitan la actuación de las autoridades.
Explicó que uno de los principales temas abordados durante ese encuentro en el INE fue la usurpación de candidaturas, conducta que ocurre cuando una persona se hace pasar por integrante de un grupo en situación de vulnerabilidad para acceder a una postulación, como grupos afros, indígenas, de la diversidad sexual o con alguna discapacidad, aprovechándose indebidamente de acciones afirmativas.
Refirió que esa práctica no sólo vulnera la Ley, sino que deja en estado de indefensión a comunidades históricamente marginadas, frenando su acceso a una representación real.
Enfatizó que aunque esas conductas pueden ser sancionadas en el ámbito administrativo por instancias como el INE, los organismos electorales locales o los tribunales electorales, en la vía penal no existe una tipificación clara ni sanciones específicas, lo que resta fuerza coercitiva e inhibidora para evitar su repetición.
Además, consideró necesario incorporar otras conductas al catálogo de delitos electorales, como la violencia digital y la promoción anticipada fuera de los periodos de campaña y precampaña, particularmente la promoción personalizada de imagen, y destacó la necesidad de tipificar estas acciones cuando se realizan al margen de los tiempos legales.
Guizado Jaimes indicó que el INE ha comenzado a retomar estas propuestas y que será el órgano electoral federal el encargado de presentarlas formalmente en las mesas de análisis correspondientes. Reconoció que la falta de tipificación genera una percepción negativa entre la ciudadanía, al considerar que las autoridades no actúan por omisión, cuando en realidad están legalmente limitadas.
“Si una conducta no está prevista como delito, no podemos iniciar investigaciones ni buscar sanciones penales. Eso nos deja atados de manos”, expresó.
Detalló que actualmente se trabaja en un proyecto integral de reforma que abarcaría diversas leyes, como la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley de Partidos Políticos y la Ley Penal Electoral, con el objetivo de presentar una propuesta unificada en materia de reforma electoral.

Si bien en el ámbito administrativo existen registros de estas prácticas —con sanciones que van desde amonestaciones y multas hasta la nulidad de candidaturas o elecciones—, en el terreno penal no hay antecedentes de investigaciones ni castigos, lo que refuerza la necesidad de robustecer el marco legal.
El fiscal reconoció que desde su llegada al cargo en 2022 ha recibido entre dos y tres denuncias relacionadas con usurpación de candidaturas en el último proceso electoral; sin embargo, reiteró que no ha sido posible proceder penalmente.