Propone Parra García reforma para garantizar derechos de pueblos indígenas y afromexicanos

Con la finalidad de que toda la administración pública estatal esté jurídicamente obligada a actuar con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, enfoque intercultural, disciplina financiera, transparencia y participación ciudadana, el diputado Jesús Parra García propuso reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero y la incorporación de un capítulo denominado “De los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas”.

En la sesión de la Comisión Permanente de hoy, el legislador presentó la iniciativa a fin de que cada secretaría, dependencia, órgano con autonomía técnica y cada entidad paraestatal promueva, respete, proteja y garantice los derechos humanos; aplique el principio pro persona y atienda los criterios de la Suprema Corte, de los organismos públicos de derechos humanos y de los órganos internacionales, de modo que el llamado “bloque de constitucionalidad y convencionalidad” deje de ser una noción académica y se convierta en una obligación administrativa cotidiana.

Explicó que la iniciativa también establece que la perspectiva de género impregne el diseño, la ejecución y la evaluación de políticas, programas y presupuestos; que se generen datos desagregados; que se prevenga y sancione la violencia contra las mujeres dentro de la propia administración, y que la igualdad sustantiva y la paridad se reflejen en la estructura real del Poder Ejecutivo.

Parra García dio a conocer que el nuevo capítulo que propone sería el Quinto Bis, “De los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas”, el cual permitirá que por primera vez todas las dependencias respeten la libre determinación y la autonomía de los pueblos, realizando consultas previas, libres, informadas, culturalmente adecuadas y de buena fe cuando sus decisiones les afecten directamente. Además, busca garantizar información y servicios en lenguas indígenas y en formatos culturalmente pertinentes, así como incorporar su participación efectiva en la planeación, programación y evaluación de las políticas públicas.

“La iniciativa también fortalece la estructura del control interno y el combate a la corrupción, al redefinir las funciones y principios de los órganos internos de control, dotándolos de autonomía técnica y de gestión, profesionalismo, imparcialidad y una clara vinculación con el Sistema Estatal Anticorrupción, con la Auditoría Superior y con el Tribunal de Justicia Administrativa”, precisó.

Añadió que estas reformas obligarían a que las secretarías y dependencias incorporen en sus reglamentos y manuales funciones específicas en derechos humanos, igualdad sustantiva, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, medio ambiente, disciplina financiera, participación ciudadana y combate a la corrupción.

“La aprobación de esta iniciativa no será un favor a una fuerza política ni a un legislador, sino un acto de justicia para Guerrero y un paso firme hacia una administración pública más digna, más humana, más transparente y más cercana a su pueblo”, concluyó.