Pueblos de la Costa-Montaña anuncian toma indefinida de Bienestar en Chilpancingo

**Exigen destitución del delegado federal

Interacción

Autoridades indígenas y afromexicanas de San Luis Acatlán y Marquelia anunciaron que el próximo 3 de diciembre se movilizarán a Chilpancingo para instalar un plantón indefinido en las oficinas de la Secretaría de Bienestar.

La exigencia central es la destitución del delegado federal Iván Hernández Díaz, a quien acusan de racismo, discriminación institucional y abandono a las comunidades afectadas por el huracán Erick, así lo anunciaron este martes mediante un comunicado.
Las autoridades comunitarias aseguraron que la medida de presión surge luego de tres meses de incumplimientos por parte del funcionario federal, quien afirman ha ignorado acuerdos firmados ante las propias comunidades, la Secretaría de Bienestar y la Presidencia de la República. “No nos queda otro camino más que movilizarnos; el delegado ha demostrado desprecio por nuestros pueblos”, señalaron.
En su posicionamiento, recordaron que el 19 de julio Hernández Díaz se comprometió a entregar láminas para la reparación de viviendas y para reconstruir el techado del preescolar de Jicamaltepec, El Mango.
Sin embargo, nada llegó. Por ello, el 23 de agosto las autoridades se manifestaron durante la gira de la presidenta Claudia Sheinbaum en Agua Zarca, donde la mandataria y la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, firmaron una minuta de acuerdos que ratificaba la entrega inmediata del apoyo.
Tres días después, el 26 de agosto, por instrucción de la propia presidenta, las comunidades sostuvieron un nuevo encuentro con el delegado en el Instituto Tecnológico de San Marcos. Ahí prometió que el material llegaría en un plazo máximo de una semana. Las autoridades señalan que ya transcurrieron tres meses y no se ha cumplido nada. El techado escolar sigue destruido y ninguna de las familias damnificadas recibió las láminas comprometidas.
Los pueblos denunciaron también que funcionarios utilizan a las comunidades indígenas y afromexicanas con fines propagandísticos, dejando a familias completas viviendo a la intemperie.
Consideraron que estas prácticas violan los artículos 1, 2 y 3 de la Constitución, que garantizan el derecho a la no discriminación, la protección de los pueblos originarios y el acceso a la educación.