Sobrevivientes y viudas de la masacre del Charco plantean el dialogo con la gobernadora Evelyn Salgado

• Para exponer la situación de abandono en que se encuentran, aseguran

• Justicia para las víctimas y reparación del daño, lo que solicitarán

SNI

Viudas y sobrevivientes de la masacre del Charco, municipio de Ayutla de los Libres solictaron una reunión con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, a 27 años de los hechos registrados en la escuela primaria Caritino Maldonado Pérez, donde fueron asesinados 11 indigenas mixtecos.

En la víspera del 27 aniversario de la masacre que derivó en la aparición pública del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), un grupo de viudas, sobrevivientes e hijos de las víctimas realizaron un mitin en la alameda Granados Maldonado de Chilpancingo.

Ahí, la señora Eustolia Castro, una de las viudas que dejó el ataque perpetrado por elementos del Ejército Mexicano  dijo que es necesario que haya voluntad para que en un primer momento las reciba la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y posteriormente la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Indicó que sus planteamientos son claros; justicia para los asesinados, reparación del daño y un plan de justicia para la comunidad, porque hasta la fecha permanece en el abandono institucional.

“El gobierno deberia darmos una audiencia para que podamos decir nuestro sentir desde que pasaron esos hechos, nunca hemos estado en una mesa de dialogo o en algún espacio donde nos digan cómo pueden reparar el daño”, anotó.

La señora Castro recordó que varios de los sobrevivientes ya murieron, algunas de las viudas ya son adultas mayores y no pudieron viajar a Chilpancingo para dar a conocer la situación en que se encuentran.

Insitió: “Pudiéramos decir muchas cosas, pero lo que más nos interesa es que el gobierno nos escuche, que nos dé un espacio para que nosotros podamos dar a conocer cómo estamos, porque hasta la fecha no sabemos de algún soldado que haya sido sancionado por haber matado a nuestros familiares”.

La señora Eustolia rechazó que las viudas, los sobrevivientes y los hijos de las víctimas mortales hayan recibido algún apoyo a manera de reparación del daño, aunque haya ex funcionarios y hasta organizaciones sociales que digan lo contrario.

“Una vez, como miembro de una organización nos reunimos con el secretario general de Gobierno, él me dijo que ya nos habían dado un apoyo, ante lo que yo le exigi que me presentara una prueba de lo que nos estaba diciendo, lo que al final reconoció que no era cierto”, anotó.

Admitió que tras la masacre del 7 de junio de 1997, hubo quienes se beneficieron de los hechos y de las movilizaciones que se desarrollaron después, entre ellos mencionó al ex alcalde de Ayutla Odilón Romero Gutiérrez, que realizó algunas gestiones que no llegaron a las familias de las víctimas.

Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM), Tlachinollan, dijo que las familias y sobrevivientes de la masacre permanecen en el abandono, incluso todavía son objeto de criminalización.

El Charco y las comunidades vecinas, indicó que se encuentran abandonadas, sin servicios elementales.

La escuela Caritino Maldonado, donde estaban las víctimas mortales sigue abandonada, lo que refleja una represalia institucional.

Coincidió en el hecho de que a la fecha, no se ha precisado en contra de ninguno de los militares que perpetraron la agresión armada contra los 11 mixtecos acribillados, lo que representa también un encubrimiento institucional.

Una investigación sobre el caso, dijo que debe alcanzar al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero y al ex presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León, quien advirtió en ese tiempo que contra los sobrevivientes caería todo el peso de la ley.