Tlachinollan denuncia estancamiento en las investigaciones del crimen contra Marco Antonio Suástegui

• El Centro de Derechos Humanos asegura que la FGE-Gro se limitó a realizar las primeras diligencias y ya no avanzó más   

• Exige que la FGR atraiga el caso, para evitar que prevalezca la impunidad 

SNI

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM) denunció que a dos meses de que se perpetrara el asesinato en contra del dirigente social, Marco Antonio Suastegui Muñoz, las investigaciones relacionadas están estancadas, por lo que demandó que el caso sea atraído por la Fiscalía General de la República (FGR), para evitar que prevalezca la impunidad.  

Suástegui Muñoz era el principal dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (CECOP) y fue atacado a balazos el viernes 26 de abril en el puerto de Acapulco, muriendo una semana después, sin que hasta el momento haya un solo detenido por el hecho.   

“El caso sigue en la total impunidad, la Fiscalía General del Estado se encuentra pasmada ante el crimen contra el defensor ambiental”, destaca un boletín emitido por Tlachinollan este jueves.

La organización sostiene que el personal de la FGE se limitó a realizar las primeras diligencias, a las que por ley está obligada, “pero fuera de ahí no presenta ningún avance”.

Indicó que el crimen se perpetró a plena luz del día y ante decenas de testigos, en un lugar público, con afluencia de turistas y prestadores de este tipo de servicios, con grandes hoteles ubicados en el lugar.

Por eso anota: “Es inconcebible que, a la fecha, no haya entrevistado a los compañeros de trabajo de Marco Antonio que estaban en la playa y que seguramente vieron como era agredido”.

Destaca que las autoridades tienen un padrón de estas personas y pueden ser llamadas para que rindan entrevista, también destacó que los dueños de hoteles deben ser citados para verificar si tienen cámaras desde las cuales se pudo ver el atentado.

Se señala que existen varios datos de prueba que la Fiscalía puede conseguir, pero reprochó: “Esta institución se ha cruzado de brazos, incurriendo en omisión y negligencia”.

Recordó que el crimen perpetrado contra el vocero del CECOP fue objeto de una condena unánime, ya que cientos de organizaciones sociales y de derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional condenaron el homicidio del defensor del medio ambiente. 

Incluso, se destaca que la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas en México, así como varias Relatorías temáticas de la ONU manifestaron su preocupación por la gravedad del caso.

“Son las instancias internacionales las que están más atentas por lo que sucedió con el defensor comunitario, evidenciando la indolencia de las autoridades del estado, que demuestran su desprecio contra un gran defensor del medio ambiente”, refiere el texto difundido este jueves.

Ante la manifiesta dilación que existe, Tlachinollan exigió que el caso sea atraído por la Fiscalía General de la República (FGR), para que sea dicha representación social federal la que lleve a cabo todas las investigaciones, ubicando a la brevedad a los responsables, para evitar que pase el tiempo y las evidencias sean destruidas, o que definitivamente los responsables evadan la acción de la justicia.