Tribunales agrarios en riesgo: crece malestar campesino en Guerrero

—Reacomodos institucionales y cierre de sedes dificultan trámites y podrían detonar movilizaciones

Interacción

La posible desaparición de tribunales agrarios y el reciente reacomodo de instituciones de justicia para el campo han encendido las alertas entre organizaciones campesinas de Guerrero, que advierten un aumento de la inconformidad y la posibilidad de movilizaciones.

Integrantes de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos señalaron que los actuales recortes presupuestales provocaron el cierre de al menos seis tribunales en el país, incluido el Tribunal Agrario 51 con sede en Iguala, lo que ha complicado el acceso a la justicia para miles de campesinos, lo que podría provocar que los campesinos guerrenses se movilicen.

 Y dijeron que tiene conocimiento de que también podría desaparecer el Tribunal Agrario de Zihuatanejo.

—Saturación y distancias: principales obstáculos

Noel Cesario Sánchez, abogado de la organización, explicó que la carga de expedientes y la lejanía de las oficinas afectan cada vez más a las comunidades rurales. 

Afirmó que las instituciones encargadas de garantizar la justicia agraria deberían fortalecerse, no reducirse, como lo impulsa el gobierno de la 4T.

A la problemática se suma el anuncio del traslado del Registro Agrario Nacional, que actualmente se encuentra en Chilpancingo, al puerto de Acapulco, lo que implicará mayores gastos y tiempos de traslado para productores provenientes de regiones alejadas como Tierra Caliente, La Montaña o la Zona Norte.

Los abogados advirtieron que tribunales como el de Chilpancingo ya operan al límite, con audiencias programadas hasta tres meses después de la solicitud, demás de que registran un rezago de casos desde 2020. Esta saturación se replica también en Acapulco.

—Trámites más lentos y restricciones adicionales

Campesinos y asesores legales en derecho agrícola denunciaron que las nuevas reglas administrativas complican aún más el proceso: los abogados solo pueden realizar trámites los viernes y ahora se exige una carta poder certificada ante notario incluso para recoger certificados agrarios, documentos que —aseguran— permanecen almacenados sin entregarse.

Esto, combinado con los costos de transporte, alimentación y hospedaje para viajar a Acapulco, “vuelve casi imposible cumplir con los requisitos”.

Además, señalaron que las autoridades impiden el acompañamiento de organizaciones campesinas, obligando a que cada agricultor acuda de manera personal.

—Ya es un problema nacional

De acuerdo con los abogados la situación no es exclusiva de Guerrero: estados como Puebla enfrentan dificultades similares debido al reacomodo institucional que afecta a todo el país.

Evencio Romero Sotelo, dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, recordó que los productores en México poseen 99.5 millones de hectáreas —casi el 51 por ciento del territorio— y que en Guerrero el 80 por ciento de la propiedad está en manos de campesinos. 

Afirmó que, pese a su importancia estratégica, las autoridades priorizan programas políticos por encima de la certeza jurídica en el campo.

O“Pareciera que les interesa más usar al campo como botín político que garantizar la estabilidad que otorgar la seguridad jurídica”, enfatizó.