Hasta el momento, no hay detenidos en Guerrero por el tema de los matrimonio forzados

• Secretario de Asuntos Indígenas sostiene que el marco legal se ha endurecido

• En los pueblos originarios, hasta la policia comunitaria coadyuva en el combate a dicha práctica 

Interacción

El titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas y Afromexicanos (SEDEPIA), Abel Bruno Arriaga sostuvo que hasta el momento, no existe el registro de algún padre de familia sancionado por la práctica de los matrimonios forzados entre menores de edad.

Bruno Arriaga reconoció que en los últimos años, el marco jurídico para sancionar la cohabitación temprana y los matrimonios forzados de menores se ha reforzado, lo que ha contribuido a detener, aunque sea parcialmente dicha práctica.

Reconoció que el tema no es sencillo, si se toma en cuenta que se trata de una práctica amparada en los denominados “usos y costumbres” de los pueblos originarios.

Sin embargo, admitió que las reformas aplicadas recientemente al Código Penal y al artículo 2 de la Constitución General de la República, establecen sanciones claras para quienes promuevan, gestionen o participen en este tipo de uniones.

Las sanciones alcanza a los intermediarios que son coocidos como “pedidores” o “embajadores”.

El funcionario explicó que la ausencia de procesos penales en contra de personas no implica impunidad, ya que la legislación vigente contempla castigos para todos los involucrados, además de que permite actuar de oficio cuando se detectan algunos casos. Por esa razón, enfatizó que la erradicación de la práctica del matrimonio forzado requiere un trabajo permanente de coordinación y capacitación con las autoridades comunitarias, para hacer conciencia y que no se repita.

Indicó que en el trabajo de generar conciencia participan instituciones educativas y las propias familias, mediante procesos de sensibilización enfocados en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que son los más vulnerables y afectados.

Incluso, destacó quela Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) ya actualizó su reglamento interno para sancionar esos casos, los cuales calificó como “aislados”.