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Chocan Poder Judicial y Congreso de Guerrero por, el Código Nacional de Procedimientos Civiles

Chocan Poder Judicial y Congreso de Guerrero por, el Código Nacional de Procedimientos Civiles

•             Los diputados locales solicitaron al Poder Judicial que informe sobre las acciones encaminadas a la adecuada instrumentación de Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que entra en vigor en 2027

•             “No tienen prudencia ni pudor”, reprocha la magistrada Indalecia Pacheco León, al señalar que los representantes populares no asignaron presupuesto para tal fin

•             Asegura que el Congreso pretende tratar al Poder Judicial como subordinado, no como par       

Interacción

La magistrada del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Indalecia Pacheco León acusó al Congreso local de actuar “sin prudencia ni pudor”, al solicitar al Poder Judicial que rinda un informe detallado sobre las acciones encaminadas a la adecuada instrumentación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en la entidad, el cual entrará en vigor a más tardar el 1 de abril de 2027.

En su muro de Facebook, la magistrada Pacheco León publicó un texto en el que hace alusión al exhortó aprobado en días pasados por el Pleno del Congreso local, en el que se destaca que la encargada de fundamentar fue la diputada de Movimiento Ciudadano Erika Lorena Lührs Cortés, como integrante de la Comisión de Justicia, pero quien además fue promotora del mismo.

En el exhorto se plantea la necesidad de conocer los avances específicos, la adecuada operatividad, los ajustes estructurales en la organización judicial, la adecuación de la infraestructura física y tecnológica, así como el diseño e implementación de programas integrales de capacitación y profesionalización del personal jurisdiccional y administrativo.

Ante dicho exhorto, la magistrada Pacheco consideró en su Facebook que los diputados y diputadas que integran al Congreso de Guerrero pierden de vista “que no actuaron con responsabilidad para que se implemente este nuevo sistema de justicia civil y familiar”.

Lo anterior, bajo el argumento de que los representantes populares no autorizaron un presupuesto suficiente para que la estructura y diseño de dicho sistema inicie con la eficacia que reviste.

Pese a la no asignación de presupuesto, refiere que el Poder Judicial ha estado capacitando al personal jurisdiccional y postulantes interesados, así como diseñando la estructura para los espacios de audiencias con lo que se tiene.

Acusa: “Lo criticable es que el Congreso estatal, sin pudor ni prudencia, en lugar de comportarse solidariamente con el Poder Judicial, en coordinación y con respeto, para solucionar la inminente entrada en vigor del nuevo sistema de justicia civil y familiar, como si fuésemos subordinados del Poder Legislativo, nos pide cuentas”.

Asegura que en una democracia, en el poder Legislativo no se concentra el poder, pues cada poder debe cumplir con sus obligaciones establecidas en la Constitución del País.

Bajo dicha circunstancia, asegura que en este tema: “evidentemente, el legislativo no está cumpliendo cabalmente con las suyas con este exhorto, ni con otras tantas encaminadas a que se pierda la independencia judicial y que atropellan la dignidad de nuestra investidura”.

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