Congreso rechaza señalamientos del Poder Judicial

* La diputada Erika Lührs Cortés sostiene que el exhorto busca fortalecer la implementación del nuevo Código Civil

Interacción

Chilpancingo a 16 de junio de 2026.- Luego de que la magistrada del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Indalecia Pacheco León, calificara de “imprudente” y “sin pudor” el exhorto aprobado por el Congreso local para solicitar información sobre la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el Poder Legislativo respondió que su intención no es fiscalizar ni subordinar al Poder Judicial, sino fortalecer la coordinación institucional ante los retos que implica la entrada en vigor del nuevo sistema.

A través de un posicionamiento, el Congreso del Estado sostuvo que la aplicación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares representa un desafío de gran magnitud para Guerrero, pues requiere infraestructura adecuada, capacitación especializada, adecuaciones tecnológicas y suficiencia presupuestal.

Por ello, señaló que el exhorto aprobado por el Pleno tiene como objetivo conocer los avances y requerimientos existentes para su implementación, así como fortalecer los mecanismos de comunicación y coordinación entre los poderes públicos, siempre con pleno respeto a la autonomía e independencia de cada institución.

La postura surge después de que la magistrada Indalecia Pacheco acusara a los diputados de exigir cuentas al Poder Judicial pese a que, según afirmó, no se aprobaron los recursos presupuestales necesarios para la puesta en marcha del nuevo sistema de justicia civil y familiar.

En respuesta, el Congreso destacó que los avances logrados por el Poder Judicial en la preparación de este nuevo modelo merecen reconocimiento y consideró que conocerlos de manera formal permitirá identificar necesidades, valorar los esfuerzos realizados y contribuir desde el ámbito de competencia de cada institución para garantizar una implementación exitosa.

“El objetivo es contar con información que permita tomar mejores decisiones y afrontar de manera corresponsable los retos que implica la modernización de la justicia civil y familiar en nuestro estado”, señala el posicionamiento.

Asimismo, el Poder Legislativo rechazó las interpretaciones que consideran el exhorto como un intento de subordinación o intromisión en las facultades del Poder Judicial.

“Cualquier otra interpretación es errónea”, precisó el Congreso del Estado, al insistir en que la finalidad de la solicitud es generar condiciones de colaboración institucional para atender de manera oportuna la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, prevista para abril de 2027.