Tlachinollan acusa a la FGE-Guerrero de “maquinar” la imputación contra Jesús Placido Galindo

•               La defensa anticipa que el próximo martes habrá de presentar la apelación ante la vinculación a proceso

•               Rechazan que haya ordenado el asesinato del comisario de Xicotlán, en octubre de 2021

•               No se tomó en cuenta su condición como defensor de Derechos Humanos, reprocha el organismo no gubernamental   

•               Sostiene que el Juez de Control actuó bajo consigna

Interacción

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña y la defensa legal de Jesús Plácido Galindo acusaron a la Fiscalía General del Estado (FGE), así como al Gobierno estatal de “maquinar” la imputación que mantiene en prisión preventiva al dirigente del Consejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), acusado con “pruebas falsas” del asesinato cometido en contra del comisario de Xicotlán, José Bartolo Xanteco, ocurrido en octubre de 2021 .

En una videoconferencia, Abel Barrera Hernández, director del CDHM “Tlachinollan” sostuvo que a pesar de que la audiencia de vinculación a proceso duró más de siete horas, el juez de control no atendió las pruebas que presentaron los abogados del dirigente del CIPOG-EZ.

Dijo que el juez que tiene la causa “actuó bajo consigna y presión de otras autoridades”.

En el inicio del enlace realizado la tarde del viernes 24 de julio, Barrera Hernández sostuvo que en el Gobierno de Guerrero existe malestar, ya que tras las denuncias hechas por Plácido Galindo, a consecuencia de los ataques armados registrados del 6 al 11 de mayo en las comunidades de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo dio la instrucción de que la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Iseala Rodríguez acudiera a Guerrero para verificar lo que pasaba.

“Jesús Plácido denunció la colusión de autoridades municipales con el grupo delictivo de Los Ardillos, lo que generó malestar en las autoridades”, apuntó.

El antropólogo Barrera Hernández comentó que tras las denuncias hechas por el dirigente del CIPOG, llegó a creer que habría accione legales en contra de los autores de la violencia que provocó el desplazamiento y la quema de casas, “pero eso quedó de lado”.

“Lo que sí vimos es que se fueron encima de Jesús Plácido, lo colocaron en una situación de riesgo por la campaña que hay en su contra, al señalarlo de ser parte de Los Tlacos, pues claramente se le acusa de delitos sin tener pruebas, pues es falsa la versión de que es un personaje de alto peligro”, apuntó el activista.

La intención de criminalizarlo, indico que quedó de manifiesto cuando la Unidad de Investigación Financiera (UIF) ordenó congelar sus cuentas bancarias, a pesar de que en su tarjeta de BBVA tenía solo 280 pesos y la de Banco Azteca nada.

Insistió: “Hay una campaña de desprestigio al decir que Jesús Plácido se mueve en el plano de la ilegalidad, se fraguó dentro de la Fiscalía un expediente, una denuncia al vapor”.

El principal testigo de cargo fue asesinado en 2022

Para el director del CDHM resulta inconcebible que en la denuncia iniciada a consecuencia del asesinato cometido en contra del comisario de Xicotlán, uno de los testigos sea Marcos Campos, quien formaba parte del CIPOG-EZ.

Marcos Campos no puede en estos momentos ratificar o desmentir el contenido de la denuncia integrada contra Plácido Galindo, pues fue asesinado en 2022.

Y en esa parte asegura: “La Fiscalía de Guerrero, al ver que esta persona está muerta declaran en su nombre para señalar a Jesús Plácido como responsable del homicidio”.

El antropólogo insiste en que la esposa de la víctima en su momento declaró que no sabia quien era el autor materia ni intelectual del homicidio.

Entre otras cosas, dijo que el juez no tomó en cuenta la condición de Plácido Galindo como defensor de Derechos Humanos ni como receptor de medidas cautelares por parte del Mecanismo de Protección de la Secretaría de Gobernación, lo que implica que estaba monitoreado de manera permanente, de tal suerte que las autoridades conocían sus movimientos, sobre todo cuando ingresaba a la Montaña Baja.

“Lo que observamos es un actuar parcial y faccioso del Juez de Control, no muestra independencia, profesionalismo y no tiene visión del contexto en que se dan los hechos”, asegura.

Luego denuncia que existe una colusión del Gobierno para colocar a Plácido Galindo en un penal de máxima seguridad, cuando lo que se le imputa es un delito del fuero común.

Es una maquinación

El abogado Aarón Díaz Salazar sostuvo que en este caso, se está frente a una maquinación por parte de la Fiscalía General del Estado, ya que el testigo de cargo, Marcos Campos Ahuejote era integrantes del Cipog y por lo tanto, no es creíble que haya declarado en su contra. 

Agregó que la entrevista de dicho testigo, asesinado en el 2022 se hizo fuera d el sistema que garantiza confidencialidad.

Agregó que la firma contenida en el expediente es reciente,  no se parece en nada a la que muestra la credencial de elector del testigo. 

Respecto al testimonio  de la hija del comisario, el abogado anota que no es creíble que haya estado presente cuando se cometió el asesinato y se haya quedado callada.

“¿Cómo es que no le vas a decir a tu mamá que mataron a tu papá? Ella declara que le dijo a su mamá después de 9 días, pero la madre de Josefina fue al Ministerio Público en junio de 2022 -casi 8 meses después- a pedir que le devolvieran los celulares y su cartera, cuando la cuestionaron dijo que no tenía conocimiento de quién había matado a su esposo”, señala el defensor.

Indicó además, que no hay antecedentes de que el José Pablo Xanteco haya sido amenazado, por lo que anticipó que el próximo martes habrá de presentar la apelación correspondiente.