Ángel Aguirre ordenó la destrucción de videos que documentaron la desaparición de un grupo de los 43, acusa la FGR

•               El material fue grabado por dos cámaras instaladas en Palacio de Justicia de Iguala, sostiene la fiscal Ernestina Godoy  

•               Hay dos testimonios que lo señalan, de acuerdo con un mensaje difundido la tarde del jueves 6 de agosto

•               Los videos de la intercepción al autobús 1531 sí existieron, asegura la fiscal general

Interacción

La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos confirmó que el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero es acusado de ordenar la desaparición de los videos captados por dos cámaras de video vigilancia instaladas en el Palacio de Justicia de Iguala, la noche del 26 de septiembre de 2014, mismas que habrían documentado el momento en que un grupo de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron interceptados por policías municipales y estatales.

La tarde del jueves 6 de agosto, la fiscal Godoy Ramos destacó que la acción penal ejercitada en contra del ex jefe del Ejecutivo Estatal, al que se refiere como Ángel “N” es consecuencia de un “reanalisis profundo, exhaustivo y detallado de las actuaciones existentes, lo que acreditó la posible participación del ex mandatario estatal en la destrucción de evidencias que serían determinantes para conocer el paradero de los estudiantes desaparecidos desde hace casi 12 años.

Explicó: “La noche del 26 de septiembre de 2014, el autobús Estrella de Oro 1531, en el que viajaba un grupo de normalistas fue video grabado por las cámaras de seguridad número 12 y 15 ubicadas al exterior de Palacio de Justicia en Iguala, en el momento en que era detenido por policías municipales y estatales”.

Continúa: “Las primeras investigaciones señalaron que dicho material no existía por presuntas fallas técnicas del sistema, pero diligencias posteriores acreditaron que dicha versión era falsa”.

Agregó: “En enero de 2026, una persona colaboradora aporto testimonio que confirmó la existencia de las videograbaciones, señalo a la persona que las sustrajo para entregarla directamente a Ángel N, además de referir amenazas que explicaba su silencio previo”.

Para mayo de 2026 -hace tres meses- un segundo testigo protegido robusteció dicho testimonio, al señalar que Ángel “N” ordenó en una reunión con mandos de primer nivel de su gobierno desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos en las inmediaciones de Palacio de Justicia de Iguala.

La funcionaria indicó: “La FGR cuenta con evidencias de prueba, de que dicha indicación de ocultamiento fue girada de manera directa por el entonces gobernador, con la participación de servidores públicos de alto nivel; estos y otros elementos contenidos en la investigación, permiten obtener que lejos de ser un acto aislado o falla técnica, el ocultamiento de las grabaciones fue resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del Poder Ejecutivo estatal”.

En consecuencia, destacó que el Ministerio Público a través de la Unidad de Litigación del caso, solicitó y obtuvo de un juez una orden de aprehensión por delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas, la cual se cumplimentó en el Estado de México, con respeto a los derechos humanos del ex gobernador.

El mensaje de la fiscal cerró con una frase: “Donde haya impunidad habrá investigación, donde haya crimen habrá consecuencias”.