El extraño gabinete de la destrucción: acusadoras dicen que Aguirre convocó a sus colaboradores para desaparecer un disco

–La versión expuesta contra el exgobernador plantea una escena difícil de conciliar con la lógica elemental del encubrimiento: después de recibir supuestamente un disco comprometedor, habría reunido a funcionarios de primer nivel —incluido el procurador— para ordenar que desapareciera la evidencia.

Almoloya de Juárez, Méx., 7 de agosto de 2026.—

Si alguien quisiera destruir clandestinamente una evidencia capaz de comprometerlo en uno de los casos criminales más graves de la historia reciente de México, el sentido común sugeriría discreción, pocos interlocutores y, sobre todo, la menor cantidad posible de personas enteradas.

Pero la versión presentada durante la imputación contra el exgobernador Ángel Aguirre Rivero describe algo bastante distinto: una suerte de reunión de gabinete para organizar la desaparición de la prueba, de acuerdo con información que publica el periódico La Jornada https://www.jornada.com.mx/noticia/2026/08/07/politica/dictan-prision-preventiva-a-angel-aguirre-por-desaparicion-forzada-niegan-arraigo-domiciliario-por-edad-y-salud .

De acuerdo con lo expuesto durante la audiencia, una de las testigos asegura que el 29 de septiembre de 2014 entregó personalmente al entonces gobernador un disco con videos captados por cámaras ubicadas en el exterior del Palacio de Justicia de Iguala. Hasta ahí, la historia sigue una secuencia relativamente sencilla.

Lo extraordinario viene después.

Según ese testimonio, apenas al día siguiente Aguirre habría convocado a sus colaboradores más cercanos, entre ellos al entonces procurador de Justicia de Guerrero, Iñaki Blanco, para instruirles que ocultaran y destruyeran evidencias relacionadas con lo ocurrido durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre.

Es decir: para desaparecer un disco, según esta narrativa, primero habría sido necesario ampliar considerablemente el número de personas que conocían su existencia.

Una peculiar metodología del secreto.

Porque si el propósito era eliminar una evidencia y borrar cualquier rastro de responsabilidad, la presunta reunión habría conseguido exactamente lo contrario: multiplicar los potenciales testigos de la orden, incorporar funcionarios de alto nivel al conocimiento del supuesto encubrimiento y convertir una decisión que podía ejecutarse individualmente en un asunto compartido.

La escena resulta todavía más singular porque entre los convocados habría estado nada menos que el procurador estatal, es decir, quien encabezaba la institución responsable de investigar los delitos ocurridos en Guerrero.

La paradoja es inevitable: una supuesta operación concebida para que nadie pudiera conocer determinada evidencia habría comenzado, según la acusación, informando de ella a varias personas.

Eso no significa, desde luego, que una conducta criminal tenga necesariamente que ser inteligente. La historia judicial está llena de decisiones absurdas, errores y conspiraciones deficientemente ejecutadas. Pero precisamente por la gravedad de la imputación, la consistencia de la narrativa importa.

Y mucho.

No basta con establecer que existieron videos, que alguien tuvo acceso a ellos o que posteriormente desaparecieron. Para sostener responsabilidad penal contra una persona determinada deberá acreditarse la cadena completa: quién tuvo los archivos, cuándo los recibió, qué ocurrió con ellos, quién recibió instrucciones, cómo fueron transmitidas, qué actos concretos se realizaron para destruirlos y, particularmente, qué elementos independientes corroboran los testimonios.

Por ahora, una parte central de la imputación conocida públicamente descansa en las declaraciones de Blanca “N” y Lambertina “N”, quienes atribuyen al exmandatario la instrucción de ocultar y destruir evidencias.

La FGR sostiene que su nuevo modelo de investigación permitió realizar un “reanálisis profundo, exhaustivo y detallado” de las actuaciones existentes y afirma contar con datos de prueba sobre la participación del exgobernador y servidores públicos estatales de alto nivel.

Será precisamente ahí donde la acusación tendrá que demostrar su fortaleza: no únicamente en la existencia de testimonios incriminatorios, sino en los elementos objetivos que los corroboren.

Durante la audiencia, Aguirre escuchó la imputación moviendo repetidamente la cabeza en señal de desaprobación y, según la crónica de la diligencia, en algún momento esbozó una sonrisa incrédula. Se reservó inicialmente su derecho a declarar, aunque al final tomó la palabra para lamentar nuevamente la desaparición de los estudiantes, asegurar que siempre colaboró con las investigaciones y afirmar: “yo tengo mi conciencia tranquila y en paz”.

El juez impuso prisión preventiva mientras continúa el procedimiento. La audiencia seguirá el martes 11 de agosto y posteriormente deberá resolverse si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso.

Ahí comenzará una discusión mucho más relevante que cualquier interpretación política: la de las pruebas.

Porque una cosa es afirmar que Ángel Aguirre recibió un disco y ordenó desaparecerlo; otra, demostrarlo.

Y si efectivamente existió aquella reunión en la que, según la acusación, el gobernador habría convocado a sus principales colaboradores para comunicarles que había una evidencia que todos debían ayudar a desaparecer, entonces la Fiscalía tendría ante sí una ventaja poco habitual en una operación clandestina: Una conspiración presuntamente organizada mediante junta de trabajo y con varios funcionarios enterados de aquello que, precisamente, se pretendía que nadie supiera.