FGR atribuye a Aguirre desaparición de videos de Ayotzinapa, pero deja interrogantes sobre el móvil que le imputa
—La Fiscalía sostiene que el exgobernador ordenó eliminar las grabaciones para evitar ser implicado en los hechos;
Chilpancingo, Gro., 6 de agosto de 2026.– La detención del exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero abrió un nuevo capítulo en la investigación por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, pero también dejó interrogantes sobre uno de los componentes centrales de la teoría presentada públicamente por la Fiscalía General de la República (FGR) mediante una presentación en video: www.facebook.com/reel/2364136947446176 el motivo por el cual el exmandatario presuntamente habría ordenado desaparecer las grabaciones de las cámaras del Palacio de Justicia de Iguala.
La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, informó este jueves de la aprehensión de Aguirre Rivero y sostuvo que nuevos actos de investigación permitieron establecer su posible participación en el ocultamiento y manipulación de evidencia relacionada con los acontecimientos del 26 y 27 de septiembre de 2014. La acusación se concentra particularmente en las grabaciones de las cámaras 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala.
De acuerdo con la exposición de la FGR, Aguirre habría dado una orden directa, durante una reunión con funcionarios de primer nivel de su administración, para desaparecer evidencia. La Fiscalía atribuye además un móvil concreto a esa supuesta instrucción: evitar que el entonces gobernador resultara implicado en los acontecimientos de Iguala. Godoy afirmó que la investigación permitió establecer una operación deliberada para ocultar material probatorio.
Es precisamente en este punto donde la teoría expuesta públicamente por la Fiscalía deja una interrogante relevante: ¿qué contenían las grabaciones que podía comprometer personalmente a Ángel Aguirre y qué elementos demuestran que el exgobernador conocía ese contenido?
La pregunta resulta central porque acreditar la existencia y posterior desaparición de los videos constituye un hecho distinto a demostrar quién ordenó eliminarlos y, a su vez, ambas cuestiones son diferentes de acreditar el motivo personal que la FGR atribuye al exmandatario.
Las cámaras instaladas en el exterior del Palacio de Justicia habrían registrado acontecimientos relacionados con uno de los autobuses utilizados por los normalistas y la actuación de policías municipales. La desaparición de ese material ha formado parte de las investigaciones del caso desde hace años e incluso derivó previamente en actuaciones judiciales contra exfuncionarios del Poder Judicial de Guerrero. (CNDH)
Sin embargo, para sostener específicamente que Aguirre pretendía evitar ser implicado, la investigación tendría que establecer un puente probatorio adicional: qué sabía el exgobernador sobre las grabaciones, cuándo conoció su existencia o contenido, qué elemento de las imágenes podía relacionarlo personalmente con los hechos y qué evidencia demuestra que esa circunstancia motivó la supuesta orden de desaparecerlas.
La tesis presentada por la Fiscalía adquiere relevancia porque no plantea únicamente una posible desaparición deliberada de evidencia, sino una operación que habría sido organizada desde los niveles superiores del gobierno estatal. La FGR sostiene que dos testigos protegidos atribuyeron directamente al exgobernador la instrucción de desaparecer las grabaciones. (Excélsior)
Pero desde una perspectiva probatoria, las declaraciones testimoniales requerirán ser confrontadas con elementos independientes que permitan corroborar circunstancias de modo, tiempo y lugar: quiénes estuvieron presentes en la reunión, quién recibió la supuesta instrucción, cómo fue transmitida posteriormente, quién tuvo acceso material a las grabaciones y qué actuaciones concretas condujeron finalmente a su desaparición.
También deberá establecerse si los dos testimonios son independientes entre sí y si existen comunicaciones, registros, documentos, llamadas, testimonios adicionales o evidencia técnica que respalden la secuencia planteada por la Fiscalía.
El punto más sensible continúa siendo el móvil. Si los videos podían implicar a Aguirre, la Fiscalía deberá explicar qué podían revelar sobre el entonces gobernador; y si su contenido ya no existe precisamente porque fue destruido, tendrá que demostrar mediante otros elementos cómo estableció que Aguirre conocía aquello que presuntamente podía comprometerlo.
La FGR sostiene que su nueva investigación surgió de un reanálisis profundo de las actuaciones del expediente y de nuevas líneas de investigación. La detención de Aguirre ocurrió este jueves en el Estado de México y representa uno de los movimientos judiciales de mayor impacto político dentro del caso Ayotzinapa en los últimos años. (El Imparcial)
La aprehensión, sin embargo, no significa que la responsabilidad penal del exgobernador haya quedado establecida. La teoría presentada por Ernestina Godoy tendrá ahora que pasar del terreno de la investigación ministerial al escrutinio judicial, donde la Fiscalía deberá acreditar no solamente la existencia y desaparición de las grabaciones, sino la participación concreta de Aguirre, la orden que se le atribuye y la finalidad específica que, según la acusación, perseguía.
A casi 12 años de la desaparición de los 43 normalistas, el esclarecimiento de lo ocurrido continúa siendo una exigencia de las madres y padres de los estudiantes y de la sociedad. Precisamente por la trascendencia del caso, la nueva línea de investigación deberá sostenerse en pruebas suficientes, corroborables y sometidas al debido proceso, de manera que permita avanzar hacia la verdad sin sustituir la demostración judicial de los hechos por inferencias todavía pendientes de acreditar.
Este enfoque permite cuestionar técnicamente la teoría de la FGR sin convertir la nota en una defensa de Aguirre: concentra la duda en el nexo contenido de los videos → conocimiento de Aguirre → posible implicación → móvil para destruirlos.
Share this content:






Publicar comentario