Qué fácil es inventar un villano y una nueva “verdad histórica”

Como es de dominio público, los hechos ocurridos durante la trágica noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014, que derivaron lamentablemente en la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, marcaron el rumbo del país y dejaron una herida que, a casi 12 años, continúa abierta.

Hoy parece que estamos más lejos de encontrar la verdad. Por más lógica que intentemos encontrar en el tratamiento y manejo que actualmente se le está dando a un tema tan delicado, surge inevitablemente la inquietud de que pudiera existir un manejo político calculado en sus tiempos: una mezcla de presión relacionada con el escenario electoral, ante el desgaste natural del partido hegemónico, y una vía de escape de las autoridades federales frente a las legítimas exigencias de los padres y madres de los 43.

Por ejemplo, la presidenta nacional de Morena Ariadna Montiel, sin el debido cuidado respecto al debido proceso, dedicó una conferencia de prensa al tema con una narrativa que pareció más política que humanista o empática con las familias afectadas.

Al acusar a la oposición de no haber hecho nada durante tantos años, terminó proyectando una conferencia con un marcado contenido electoral, más preocupada por la disputa política y los resultados del próximo año que por expresar acompañamiento, solidaridad y sensibilidad ante el dolor de la comunidad de Ayotzinapa.

También resulta pertinente recordar que Montiel Reyes ha sido secretaria de Bienestar del Gobierno de México y, salvo que exista información distinta, no se tiene registro público de una visita suya a la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa ni de campañas específicas destinadas a mejorar las condiciones de alimentación o infraestructura de esa comunidad estudiantil.

Entonces, ¿dónde está la narrativa de compromiso con la comunidad de Ayotzinapa? El partido hegemónico lleva más de siete años en el poder federal y las condiciones precarias de la Normal siguen siendo, lamentablemente, una realidad.

Hoy parece que el gobierno y el partido hegemónico están más preocupados por su situación electoral que por conocer la verdad de los lamentables hechos de Ayotzinapa. Pareciera más fácil construir un villano que responder las dos preguntas fundamentales que siguen esperando respuesta: ¿qué pasó y dónde están los 43?

Cuesta trabajo entender, además, que legisladores de Morena celebren o utilicen políticamente un tema tan doloroso para colocarse bajo los reflectores y emitir mensajes de confrontación, anticipando incluso juicios cuando todavía corresponde a las autoridades jurisdiccionales determinar responsabilidades con base en pruebas legalmente sustentadas.

Por otro lado, lo ocurrido recientemente abre también cuestionamientos sobre la actuación de la Fiscalía General de la República, que, por mandato constitucional, es un órgano autónomo. La forma y la rapidez con las que se desarrollaron las acciones contra el exgobernador han llamado la atención de especialistas, medios de comunicación y diversos actores públicos.

Desde su detención, las horas durante las cuales sus allegados denunciaron desconocer información precisa sobre su situación y la rapidez con la que fue trasladado al penal federal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, han generado cuestionamientos sobre las condiciones en que se desarrolló el procedimiento. Testigos señalaron incluso la presencia de un amplio dispositivo de seguridad, con numerosas camionetas y elementos armados, así como restricciones a la circulación en algunos accesos carreteros.

Minutos más tarde, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, emitió un posicionamiento en el que presentó el acontecimiento como relevante para las investigaciones y como parte de nuevas rutas para esclarecer el caso.

Sin embargo, lo ocurrido también alimentó la percepción de que la política puede estar colocándose por encima de la legalidad. Parte de las acusaciones presentadas por la Fiscalía se apoyan en testimonios cuya solidez y valor probatorio han sido cuestionados públicamente por la defensa y por distintos analistas.

Por ejemplo, las declaraciones atribuidas a Lambertina Galeana Marín y Blanca del Rocío Estrada González presentan, de acuerdo con la argumentación de la defensa, contradicciones que deberán ser examinadas y valoradas jurídicamente. Por ello, corresponderá a la autoridad judicial determinar qué alcance probatorio tienen esos testimonios y si cuentan con elementos suficientes de corroboración.

Otro elemento incorporado a la investigación es una declaración atribuida a Sidronio Casarrubias Salgado. Este testimonio también ha sido objeto de controversia debido a los señalamientos existentes respecto de las condiciones en las que habría sido obtenido, particularmente las denuncias de tortura. Si una prueba fue obtenida mediante una violación a derechos fundamentales, su validez jurídica necesariamente debe ser analizada con el mayor rigor.

Frente a ello, la defensa de Ángel Aguirre Rivero presentó 31 datos de prueba con los que buscó controvertir las acusaciones y demostrar su posición respecto de los hechos. Sin embargo, la resolución judicial no fue la esperada por sus abogados, lo que mantiene abierta una discusión que deberá continuar estrictamente por los cauces legales.

Y entonces surgen preguntas que trascienden la situación jurídica de una sola persona y que merecen respuestas claras:

¿Estamos frente a un asunto estrictamente judicial o también existe un componente político? ¿Por qué estas acusaciones aparecen casi 12 años después de los hechos? ¿Puede garantizarse que la FGR actúa completamente al margen de los procesos electorales y de los intereses partidistas? ¿Por qué resulta políticamente más sencillo construir un villano que esclarecer plenamente qué ocurrió aquella noche y responder dónde están los 43 estudiantes?

Porque, al final, Ayotzinapa no necesita culpables construidos desde el discurso político ni absoluciones anticipadas desde la opinión pública. Necesita pruebas, legalidad, debido proceso y, sobre todo, verdad y justicia.