Tensión y nuevas protestas masivas en Guadalajara: la exigencia por agua limpia escala en Jalisco

La Zona Metropolitana de Guadalajara vive momentos de alta tensión social tras una nueva jornada de masivas movilizaciones ciudadanas para exigir agua limpia, el cese de la crisis de contaminación en el suministro del líquido y la liberación de las personas detenidas durante las protestas de la semana pasada.

El hartazgo ciudadano ante el agua contaminada

La crisis, que arrastra meses de inconformidades debido a que el agua llega a los hogares con tonalidades turbias, malos olores y residuos fecales o de óxido, derivó en un movimiento social sin precedentes. Bajo consignas como «¡Queremos agua, no veneno!» y exigencias de declarar una alerta sanitaria, miles de tapatíos han salido a las calles para denunciar afectaciones a la salud, como infecciones gastrointestinales y cutáneas.

Protestas marcadas por la confrontación y la vigilancia

La movilización —que congregó a colectivos, estudiantes y ciudadanía en general— avanzó desde el Parque Revolución (conocido como Parque Rojo) hacia el Palacio de Gobierno y las inmediaciones del Congreso en el Centro Histórico.

Durante la jornada se vivieron momentos de tensión cuando grupos de personas encapuchadas se infiltraron en los contingentes, realizando pintas, destrozos en comercios y lanzando petardos y objetos contra las vallas metálicas y los elementos antimotines que resguardaban los recintos oficiales. En respuesta, los propios contingentes civiles organizaron cordones de seguridad internos para deslindarse de los actos vandálicos y exigir la retirada de los agitadores, entregando incluso a algunos individuos sorprendidos detonando pirotecnia.

Repercusiones políticas y exigencia de justicia

El descontento social también responde a los polémicos arrestos masivos ocurridos en manifestaciones previas, donde decenas de personas fueron detenidas —y algunas trasladadas a centros penitenciarios bajo cargos de agresiones y resistencia—, lo que ha encendido las críticas de organizaciones civiles y de derechos humanos en contra de la criminalización de la protesta.

Mientras tanto, las autoridades estatales enfrentan una presión sin tregua para reestructurar la operación del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) y garantizar una solución definitiva a una crisis que mantiene al límite a los más de cinco millones de habitantes de la metrópoli.