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De las mesas de diálogo a las garantías de seguridad, Robell Urióstegui cuestiona los resultados de la gestión en Guerrero

De las mesas de diálogo a las garantías de seguridad, Robell Urióstegui cuestiona los resultados de la gestión en Guerrero

–¿Qué protocolo protege a los transportistas de Acapulco frente a los ataques y la extorsión? ¿Cuándo habrá condiciones para ejecutar una sentencia agraria pendiente desde 2022? Con esas preguntas, el diputado puso a prueba el alcance de las acciones reportadas por la Secretaría General de Gobierno.

Chilpancingo, Guerrero, 18 de noviembre de 2026.— Este miércoles, durante la comparecencia de Anacleta López Vega, encargada de despacho de la dependencia, el diputado perredists Robell Urióstegui Patiño propuso otras medidas para evaluar cinco años de gobierno. Además de contar las reuniones celebradas, planteó, hace falta saber qué acuerdos se cumplieron, qué conflictos pudieron prevenirse y qué derechos pudieron ejercer las personas que acudieron a la autoridad.

En la glosa del quinto Informe de Gobierno, su primera pregunta fue sobre lo que ocurre después de una mesa de diálogo. Pidió a López Vega precisar qué mecanismos permitirán que cada acuerdo tenga una autoridad responsable, un plazo y una forma de verificar su cumplimiento. Para las comunidades, sostuvo, la capacidad de concertación del gobierno se demuestra también antes de que un conflicto escale, cuando todavía hay tiempo de identificar sus causas y atender la inconformidad.

Al revisar el apartado de derechos humanos, Urióstegui señaló que el informe daba por cumplidas tres recomendaciones anteriores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y registraba otras 15 en proceso de atención. Entre las emitidas por el organismo estatal, agregó, algunas seguían pendientes de respuesta. Preguntó qué estrategia permitirá cumplirlas y, sobre todo, cómo se corregirán las prácticas que dieron origen a las violaciones. Fijar plazos, identificar a las autoridades responsables y reparar el daño cuando corresponda fueron las tareas que puso a consideración de la funcionaria.

El diputado llevó esa reflexión a la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos. La dependencia reportó atención a 58 periodistas y 12 personas defensoras, así como 531 acciones de seguimiento a medidas de protección. Ante los hechos recientes que han afectado al gremio periodístico, exhortó a fortalecer la evaluación de riesgos y la coordinación con las autoridades federales. Lo que está en juego, señaló, es que cada persona reciba a tiempo una protección adecuada a sus circunstancias y pueda continuar su labor sin intimidaciones.

Al hablar de las víctimas y de las familias que buscan a una persona desaparecida, el legislador recuperó cuatro cifras del informe. La Secretaría reportó 9 mil 869 asesorías jurídicas especializadas, mil 57 atenciones psicológicas, 2 mil 303 acompañamientos individuales y 30 colectivos durante jornadas de búsqueda. Detrás de esas cifras, recordó, hay familias que necesitan información oportuna sobre la búsqueda y la investigación. Preguntó cómo se garantizará ese acompañamiento durante todo el proceso, especialmente en las regiones donde acudir a una institución exige recorrer grandes distancias.

La misma dificultad apareció al revisar las 149 campañas itinerantes del Registro Civil, que, según el informe, atendieron a 27 mil 775 personas y tuvieron presencia en el 95 por ciento del territorio estatal. Urióstegui reconoció el alcance de las jornadas y pidió acercarlas a las localidades rurales y a las comunidades indígenas y afromexicanas. La posibilidad de obtener un documento de identidad, del que depende el acceso a otros servicios públicos, señaló, debe estar al alcance también de quienes carecen de recursos para trasladarse a una oficina.

Uno de los cuestionamientos más directos llegó al abordar el transporte público. Frente a los mil 341 operativos de inspección, las 23 mil 846 unidades verificadas y las 6 mil 909 infracciones consignadas en el informe, Urióstegui señaló que durante el primer trimestre de 2026 se reportó el asesinato de 15 transportistas en Acapulco. Observó que el apartado dedicado al transporte omitía los ataques y la extorsión que padecen los trabajadores del sector. Su pregunta a López Vega fue concreta: «¿Qué protocolo aplica su secretaría para proteger a choferes y concesionarios frente a estas violencias?».

Para cerrar, el diputado volvió al punto de partida con un caso concreto. La Secretaría informó de 48 mesas de trabajo sobre controversias territoriales y de un seguimiento permanente al conflicto agrario entre Jicayán de Tovar y El Jicaral, Oaxaca.Sin embargo, según expuso en tribuna, en octubre se reportaron disparos que obligaron a suspender la diligencia para ejecutar una sentencia sobre 49.9 hectáreas, pendiente desde 2022. Urióstegui pidió una fecha para reprogramarla y garantías de seguridad para llevarla a cabo. En esa última pregunta quedó resumido el criterio que propuso para evaluar la gestión: después de las mesas de trabajo, las comunidades deben poder saber quién cumplirá lo acordado, cuándo lo hará y en qué condiciones.

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